La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, calificó como lento el proceso de investigación en el caso de la muerte de 361 personas en el penal de Comayagua.
De acuerdo con la funcionaria, en este caso en particular es importante que no solo los familiares de las víctimas, sino la sociedad hondureña, conozcan que el sistema judicial funciona. “Para que el sistema funcione es importante que quienes tengan responsabilidades en su condición de garantes de determinadas personas, como las privadas de libertad, den las explicaciones si cumplieron con lo que el deber les exige”, manifestó Pineda.
La entrevistada aseguró que desde hace varios meses han librado varios oficios a los entes involucrados con la finalidad de que atendieran con prontitud la información.
“Como parte de los argumentos que se les han expuesto por escrito al Fiscal General de la República, Luís Rubí, y al fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado, es la necesidad que tienen los familiares de las víctimas de conocer la verdad de los hechos”, agregó.
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¿Ha cumplido el gobierno?
El gobierno de la República asumió varias responsabilidades: una era dar una asistencia o ayuda humanitaria para los familiares para las atenciones inmediatas y gastos emergentes. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos junto con la comisión de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional han trabajado en el primer anteproyecto de ley para la reparación de las violaciones de los derechos humanos, dijo la togada.
“Estamos en el proceso de culminar este anteproyecto de Ley y esperamos que una vez que se remita al Congreso Nacional sea aprobado”, expresó. Pineda dijo sentir “pena” al decir ante los medios de comunicación que la respuesta del fiscal general ha sido ninguna ante las peticiones presentadas por la dependencia que representa.
“El fiscal especial de Derechos Humanos (German Enamorado) me ha informado que hay una investigación científica suficiente para que se puedan judicializar estos casos”, enfatizó.
La titular de Justicia y DD HH consideró que “ha habido una grave negligencia” en este caso.
Continuó: “Después de un año de haberse llevado a cabo diferentes tipos de investigaciones me parece que ha habido una violación al principio que se conoce como plazo razonable”.
Según Pineda, lo cuestionable es que pese a que tras el incendio se constituyó un equipo de operadores de justicia para encargarse del caso, mismos que se hicieron presentes en el levantamiento de los cuerpos y acercamientos con los sobrevivientes, autoridades del centro penal y testigos aún no concluya la investigación.
También enlistó como parte de las pruebas con que cuentan los informes de las autopsias que permite determinar las causas de muerte.
