Al menos 11 instituciones del gobierno de Honduras no han acatado las disposiciones contempladas en el plan de ahorro energético que promueve el Poder Ejecutivo con el objetivo de reducir la factura energética.
Así lo reveló este martes el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Rigoberto Cuéllar, quien presentó un informe de los avances obtenidos por las dependencias estatales en los últimos dos meses, con respecto a las medidas de ahorro de energía y combustibles.
Cuéllar informó que las instituciones que han incumplido las medidas de ahorro son las secretarías de Relaciones Exteriores, Educación, Seguridad, el Instituto de Jubilación y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp); Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Instituto Nacional de la Mujer (Inam), el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa); la Procuraduría General de la República (PGR); el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”.
El funcionario descartó que el Plan de Ahorro Energético esté engavetado y afirmó que “no hay un solo factor de las actividades que se nos han delegado que no se haya avanzado, ninguno está estacionado”.
Por su parte, el designado presidencial Samuel Reyes agregó que la comisión de carburantes y energía, conformada por instituciones del Estado y de la sociedad civil, ha trabajado en la implementación de las medidas, vinculada a campañas de concienciación a la población.
El plan de ahorro, aprobado el 20 de marzo, se enmarca en cuatro ejes, ahorro de combustible, ahorro de energía eléctrica, ordenamiento vial y medidas de ahorro en la administración pública.
No obstante, fue hasta que el galón de gasolina sobrepasó la barrera de los 100 lempiras
a mediados de abril, que el Ejecutivo publicó las disposiciones en el diario oficial La Gaceta.
Aunque algunas medidas como el control del transporte pesado y auditorías se han llevado a cabo, el gobierno de Honduras no ha sido capaz de regular
la circulación de unos 10,000 vehículos del Estado que anualmente gastan unos 220 millones de lempiras en combustible, mientras en la capital el ordenamiento vial ha quedado en 'papel mojado'.
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