El plazo para actualizar la declaración jurada de bienes vence hoy a las doce de la noche; no hay prórroga.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dispondrá de personal para recibir los formularios acompañados de documentación soporte, de ser necesario.
La actualización de la declaración jurada de bienes debe constar si el funcionario público compró vehículos, casas, terrenos u otros bienes inmuebles o muebles; también si adquirió o no préstamos o movimientos en sus cuentas de ahorro, entre otros.
Como sucede todos los años, las oficinas del ente contralor lucen abarrotadas de servidores públicos que a última hora acuden a cumplir con este requisito legal de transparencia.
Sanciones
El TSC anunció sanciones contra los funcionarios públicos que no actualicen esta declaración jurada de bienes.
En la circular No. 03-2012 el ente contralor recuerda a los servidores públicos la obligación de presentar dentro de los primeros cuatro meses del año la actualización de la declaración jurada de ingresos, activos y pasivos.
“Por lo que la fecha improrrogable para su presentación vence el día 30 de abril del año en curso”, advierte el TSC.
Los obligados a cumplir con este requisito de transparencia son los funcionarios que devenguen un sueldo de 30,000 lempiras en adelante; y aquellos que no devengando dicha cantidad custodien o manejen caudales o bienes públicos.
Asimismo, se anuncian sanciones por incumplir la declaración de bienes.
Se aplicará el artículo 98 de la Ley del TSC, el cual enuncia que el responsable de oficinas de Personal o Recursos Humanos o el servidor público que permita la irregularidad será sancionado con una multa igual al 50 por ciento del respectivo sueldo mensual, sin perjuicio de la nulidad del nombramiento y responsabilidades penales que correspondan.
Asimismo, los funcionarios que incumplan con presentar la actualización de declaración de bienes o reportar movimientos salariales en sus cargos serán sancionados con una multa de 5,000 lempiras, dispuso el TSC.
El ente contralor maneja expedientes por cada servidor público obligado, en el cuál puede detectar casos de enriquecimiento ilícito al adquirir bienes o emolumentos sin capacidad de adquirirlos con los salarios que devenga.
