Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco profesionales del derecho acudieron a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en representación de varios exfuncionarios públicos y actuales funcionarios, a quienes el Ministerio Público (MP), los vincula con otro caso de corrupción estatal.
El nuevo expediente investigativo es relativo a un millonario desvío de fondos públicos, que los exservidores públicos y varios actuales burócratas habrían cometido en la administración anterior, en detrimento del erario público.
Darwin García, apoderado legal del actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y miembro del Partido Nacional, Juan Carlos Valenzuela, detalló que “es una etapa preliminar de investigación donde el Ministerio Público ha solicitado esta diligencia prejudicial, que consiste en la juramentación de peritos para que hagan una experticia en relación a Fernando Suárez (testigo protegido)”.
Son casi 50 personas las que el ente acusador del Estado está investigando y previo a emitir los respectivos requerimientos fiscales en su contra, el MP solicitó al Poder Judicial (PJ), realizar diligencias prejudiciales con el fin de encontrar indicios que los vinculen con los ilícitos que se presume habrían cometido.
Doris Madrid, otra de las defensoras de los investigados, explicó que “es bien importante ver la forma de obtención (de la cadena de custodia de las evidencias). Luego tenemos que revisar con consultores técnicos, si se aplicaron los códigos de seguridad cuando se hace este tipo de elementos de prueba”.
Las evidencias aportadas por el Ministerio Público en esta etapa investigativa son vaciados telefónicos que el testigo protegido del MP, Fernando Suárez habría entregado, para probar la presunta culpabilidad de los funcionarios y exfuncionarios investigados.
“Esos vaciados telefónicos son los que se tienen que periciar y ese es el motivo de las diligencias desde el primer día”, aseguró Madrid.
La audiencia de peritaje fue suspendida este día debido a que las defensas de los investigados solicitaron que las evidencias les fueran puestas a la vista para revisar la forma de obtención y su cadena de custodia.
El MP tiene la obligación de presentar estas evidencias el próximo 4 de febrero; el 5 de febrero estarán a la orden de los apoderados legales y el 11 de febrero se reanudará la audiencia.
Los casi funcionarios estarían implicados en el desvío de fondos del caso conocido como Planeta Verde, de acuerdo con lo que trascendió preliminarmente. Entre ellos hay exdiputados, exfuncionarios de instituciones estatales y actuales diputados del Congreso Nacional (CN).