Defensa de Mario Zelaya pidió su traslado a los Cobras y Fuerzas Especiales dio el visto bueno

Tegucigalpa, Honduras.

Sin que se conociera públicamente, la defensa de Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), gestionó su traslado al Comando de Operaciones Especiales (Cobras).

Un documento obtenido en exclusiva por EL HERALDO Plus revela que la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) respondió que cuenta con el espacio y las condiciones para recibirlo.

Se trata del Oficio DGPN-(DNFE)-No. 855-2026, fechado el 9 de septiembre de 2026, el cual responde a una solicitud que el abogado Francisco Pascua Cantarero, defensor privado de Zelaya Rojas, presentó el martes 8 de septiembre.

En ella pedía el visto bueno y un informe de condiciones para el traslado del privado de libertad.

En su respuesta, la DNFE asegura que sus instalaciones disponen de seguridad, custodia, alojamiento, atención médica y control de visitas familiares y de su defensor privado, para que Zelaya Rojas “pueda ser trasladado en su condición de privado de libertad a estas instalaciones”.

El oficio añade que se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y el respeto a sus derechos humanos, “garantizando la tutela efectiva”. Lo firma el comisionado de policía Carlos Vladimir Pacheco, director nacional de Fuerzas Especiales.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el traslado se ejecutó ni si cuenta con la autorización del juez de ejecución, requisito para cambiar de centro penitenciario a una persona condenada.

La solicitud tampoco detalla las razones para trasladar al reo a una instalación policial, pues no se reportan agresiones en su contra ni situaciones de riesgo que justifiquen la medida

EL HERALDO Plus consultó al abogado defensor de Zelaya Rojas, quien mencionó que el motivo de la solicitud es "por la seguridad del privado, ya que corre riesgo y actualmente no se le están respetando sus derechos".

Asimismo, este medio buscó la versión del Instituto Nacional Penitenciario (INP), así como la de la defensa de David Castillo, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

Ese mismo 9 de septiembre, la DNFE emitió el Oficio DGPN-(DNFE)-No. 856-2026, también en poder de EL HERALDO Plus. Está dirigido al abogado Jorge Alberto Juárez Rodríguez, defensor privado de José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo y financiero del IHSS y coimputado de Zelaya en la mayoría de los procesos por el desfalco.

Según una fuente de entero crédito de este medio, la intención es que Bertetty también sea trasladado a esas instalaciones, al igual que David Castillo Mejía, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), condenado a 22 años y seis meses de prisión como coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

La fuente con conocimiento del sistema penitenciario, que pidió el anonimato por temor a represalias, explicó a EL HERALDO Plus que detrás de estas solicitudes estaría el interés de acceder a mejores condiciones de reclusión que las de un centro penal común, como el de la cárcel de Támara.

“No quieren requisas, quieren privilegios, tener comunicación, teléfono celular, quieren estar VIP, que los visiten todos los días, porque en Támara podrán tener sus privilegios, pero no se comparan. Ellos buscan estar en la jugada nuevamente porque su partido político está en el poder”, afirmó la fuente.

Según su versión, el objetivo sería ocupar las mismas instalaciones donde han estado recluidos políticos de alto perfil. Entre ellos está el expresidente Juan Orlando Hernández, quien permaneció en la sede de Fuerzas Especiales tras su captura en 2022 y antes de su extradición a Estados Unidos.

Zelaya dirigió el IHSS entre 2010 y 2014, período en el que se cometió el mayor saqueo a la institución. Tras el escándalo se dio a la fuga y fue capturado en la frontera con Nicaragua luego de pasar más de 200 días prófugo.

Su captura ocurrió el 9 de septiembre de 2014, exactamente doce años antes de la fecha del oficio de Fuerzas Especiales y desde entonces ha acumulado sentencias en distintas líneas del caso.

Para 2021 ya sumaba 101 años de cárcel. Ese año, la justicia le impuso otros 30 años por un contrato con la Constructora JC Maradiaga, a través del cual se lavaron casi 50 millones de lempiras.

El 16 de junio de 2026, la Sala IV del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción condenó a Zelaya y Bertetty a nueve años y siete meses de prisión en el caso de los “14 contratos”.

Ese caso se refiere al desvío de L158 millones mediante 14 contratos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas suscritos de forma irregular. De acuerdo con el Ministerio Público, con esa sentencia ambos suman 10 condenas y más de 100 años de prisión.