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Represa Jiniguare: contratos millonarios, cero avance y oposición indígena
El proyecto para entregar 21 millones de metros cúbicos de agua a la capital no solo acumula dudas por su esquema financiero y la falta de avances que dejó Jorge Aldana, sino por la fuerte oposición de una comunidad indígena
- Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 21:30
Tegucigalpa, Honduras. —“Somos 0813, no 0801; hagan la represa en su territorio”, advierte la comunidad indígena lenca de la aldea de Jiniguare.
La admonición surge en el mismo sitio señalado por los contratos, que superan los 5,200 millones de lempiras, y donde se supone que debería haber maquinaria, campamentos y señales de construcción.
EL HERALDO Plus llegó hasta la zona, ascendiendo por los caminos del municipio de Ojojona, tras analizar los convenios de la represa proyectada para entregar 21 millones de metros cúbicos (m³), es decir, el doble de lo que hoy se produce en Los Lauleres.
Sin embargo, los mismos documentos analizados por este equipo, disponibles en los portales de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), evidencian que la administración de Jorge Aldana, exedil de la capital, otorgó un contrato de 199 millones de dólares a una empresa extranjera vinculada a un conglomerado brasileño señalado en casos de corrupción.
En conjunto, el proyecto no solo acumula dudas por su ruta administrativa y financiera, sino que también enfrenta barreras en el terreno. No hay avances físicos comprobables y existe una oposición firme de comunidades indígenas que cuestionan que la represa se construya fuera del Distrito Central.
Así, la obra sigue siendo, por ahora, un compromiso firmado en papel que no se traduce en construcción.
Empresa brasileña en Jiniguare
Todo comenzó el 14 de septiembre de 2022, cuando Aldana anunció que en 30 días se licitaría la represa Jiniguare.
“Con un costo de 150 millones de dólares, la tendremos construida en un plazo de dos años, una vez adjudicada”, afirmó.
El costo estimado de la obra rondaba los 150 millones de dólares. Con el tipo de cambio de ese año, cercano a 24.60 lempiras por dólar, la inversión proyectada equivalía a unos 3,690 millones de lempiras.
En su primer año de gestión, aseguró que la construcción de la represa Jiniguare comenzaría en el primer semestre. Para entonces —dijo— ya se había firmado el contrato para el diseño y la construcción, y los estudios ambientales estaban avanzados.
Anunció que el financiamiento provendría de UKF, una entidad de banca inglesa.
“Ya estamos finalizando los estudios ambientales y el financiamiento con UKF. Con esta firma estamos pensando en un proyecto que garantice el abastecimiento de agua a la ciudad durante los próximos 30 a 50 años, con suministro las 24 horas del día”, declaró el alcalde.
En 2023, el otrora edil expuso que la inversión superaría los 200 millones de dólares, una cifra que elevaba en al menos 50 millones el cálculo máximo divulgado hasta entonces y que al ajuste actual se aproxima a 5,300 millones.
Para el 9 de junio de ese mismo año, firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) entre la Alcaldía del Distrito Central y AG Construções e Serviços (AGCS). Igualmente, repitió otro acto, el 15 de agosto de 2023, donde afianzó la preparación de financiamiento.
El 28 de septiembre de 2023, AGCS presentó su oferta económica. El 22 de enero de 2024, se levantó el Acta de Apertura de la Contratación Directa No. CDE-001-AMDC-014-2020 bajo el proyecto “Construcción de la represa Jiniguare”, código PRESA-DM-0001.
Pese a ello, el contrato 1442/GLA/AMDC/2024 se firmó el 2 de febrero de 2024, sin presupuesto aprobado y sin financiamiento asegurado. Solo después de consumados estos actos, el Ejecutivo emitió el Decreto PCM 56-2023 (10 de febrero de 2024), y la Corporación Municipal aprobó los Acuerdos No. 14 y 15 del 22 de marzo de 2024, declarando la emergencia y autorizando al alcalde a negociar directamente.
El contrato dependía de financiamiento externo gestionado por la propia AGCS. El expediente incluía una Expression of Interest de UK Export Finance y cartas de interés de Citibank N.A., London Branch, confirmando disposición inicial de financiar la obra por 190 millones de dólares. Ninguno de estos documentos constituyó desembolso real ni asignación presupuestaria para el Estado.
La empresa actuaba como intermediaria, con 18 meses prorrogables para conseguir crédito firme. La garantía de UK Export Finance podía cubrir hasta un 95 % del costo si el Estado de Honduras confirmaba su interés antes del 4 de noviembre de 2023; de no hacerlo, la cobertura caía al 85 %, aumentando el aporte local y la exposición al riesgo.
En otras palabras, los documentos demostraron que el proyecto avanzó por una vía administrativa acelerada, con respaldo municipal y ejecutivo, pero no de la Ley de Contratación del Estado ni sus mecanismos de transparencia.
Razón por la que la adjudicación generó atención por la maniobra del gobierno para favorecer a esta empresa de origen latinoamericano.
Al investigar más sobre AG Construções e Serviços S/A, esta aparece vinculada como filial o unidad relacionada de Andrade Gutierrez Construções e Serviços, parte del conglomerado brasileño Andrade Gutierrez, con operaciones internacionales.
Ese grupo fue investigado en Brasil dentro de la operación conocida como Lava Jato, un caso anticorrupción iniciado en 2014 que reveló esquemas de sobornos y manipulación de contratos públicos, especialmente en la estatal Petrobras.
Registros judiciales y reportajes periodísticos de medios como O Globo, Folha de S.Paulo y Estadão documentaron que empresas del grupo firmaron acuerdos de clemencia con autoridades brasileñas y se comprometieron a pagar multas y devoluciones por cientos de millones de dólares.
En 2018, el conglomerado acordó pagos superiores a 380 millones de dólares para resolver cargos relacionados con sobornos y violaciones a normas anticorrupción.
También constan sanciones de organismos multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Oficina de Integridad Institucional, impuso medidas a una unidad vinculada del grupo por prácticas corruptas en proyectos financiados por esa entidad.
En 2020, Andrade Gutierrez reconoció ante autoridades de competencia en Brasil la existencia de acuerdos colusorios para obtener contratos de obras, incluidos estadios del Mundial de 2014, como parte de procesos de cooperación con las investigaciones.
Aunque AG Construções e Serviços S/A no figure individualmente en todos esos expedientes, su vínculo corporativo con el conglomerado forma parte del contexto empresarial del contratista adjudicado.
“No a la represa”
Para llegar al punto que describían los documentos —porque hasta entonces la represa existía solo en papel— fue necesario pedir ayuda a alguien que conociera el terreno antes de que se convirtiera en expediente.
Un extrabajador del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con 25 años en la institución, aceptó orientar el recorrido. Pidió reserva de su nombre. De pie, con el teléfono en la mano, abrió un mapa digital y amplió la imagen hasta que el terreno se volvió una mancha verde irregular.
“Puede ver ahí esas manchas”, dijo mientras hacía zoom. “En esa zona hicieron las primeras exploraciones. Para llegar hay que caminar río abajo y luego mirar hacia la montaña; todavía se nota lo que hicieron en 2009”.
Con esas coordenadas informales —contrastadas después con documentos contractuales— comenzó la ruta hacia el sitio proyectado para la represa Jiniguare.
El acceso pronto dejó de parecer. Un camino de tierra, casi intransitable sin doble tracción, se abría paso entre pendientes y polvo. En algunos tramos, los propios vecinos habían colocado huellas de cemento para no quedar atrapados en invierno. Más adelante, el camino desaparecía y se transformaba en senderos estrechos abiertos entre vegetación espesa y espinas.
El paisaje contrastaba con la idea de una obra de 200 millones de dólares. A lo largo del trayecto aparecían afluentes, pozas de agua clara, parcelas de hortalizas, ganado en movimiento y sistemas artesanales de riego. Era una zona productiva viva.
Después de más de dos horas de caminata, aparecieron medidores de nivel de agua a ambos lados del camino. Según los contratos revisados, el punto debía estar cerca. En la práctica, sin guía local, el acceso es casi imposible y no existe señalización alguna que indique que allí se proyecta una represa multimillonaria.
Fue entonces cuando un grupo de pobladores se acercó al equipo periodístico. Con firmeza, pero sin agresividad, pidieron abandonar el lugar y presentar identificaciones.
“No queremos la represa en Jiniguare, venga quien venga, nuestra respuesta es no. Nosotros somos 0813, no 0801; hagan la represa en su territorio”, dijo uno de los líderes indígenas, cuya identidad se reserva por seguridad.
El número 0813, su identidad de nacimiento con la que marcan su territorio frente a decisiones tomadas desde Tegucigalpa, 0801.
Su resistencia no comenzó ahora. Según los vecinos, se remonta a más de una década, cuando durante la administración de Nasry Asfura se hicieron las primeras promesas y trabajos preliminares.
“Somos lencas, es nuestro territorio, y se lo digo: lo vamos a defender. No queremos a Tito, a Aldana, a Juan Diego, a nadie que quiera quitarnos nuestras tierras”, afirmó el líder.
Mostró una certificación municipal que documenta un cabildo abierto en Ojojona. Allí, según el acta, la corporación municipal y la asamblea general acordaron rechazar la construcción de la represa en la aldea de Jiniguare y proteger las fuentes de trabajo locales.
“Uno de los acuerdos firmados fue decir no a la construcción de la represa”, explicó.
Los vecinos también denunciaron que el exalcalde Jorge Aldana prometió visitar la zona, pero nunca llegó. Desde entonces, aseguran que no permitirán el ingreso de autoridades ni empleados municipales.
Tras la conversación y el momento tenso, uno de los líderes condujo al equipo hasta el área donde, según los documentos técnicos, deberían existir señales preliminares de obra o al menos una caseta de supervisión.
“Aquí están sus 200 millones de dólares. ¿Cree que es justo que jueguen con nosotros? En un cabildo abierto firmamos que no queremos ninguna represa”, dijo, señalando el terreno.
No había estructuras ni campamentos. No había maquinaria.
Los residentes sostienen que se trata de terrenos privados y que no han sido notificados de procesos de compra o compensación formal.“Toda esta zona es privada. No nos han presentado pagos ni permisos. Las mediciones que han hecho, según hemos visto, están fuera de los terrenos”, aseguró el líder.
Las imágenes satelitales y la verificación en sitio muestran apenas dos estructuras menores similares a cajas de registro. Ninguna infraestructura asociada a la construcción de una represa. Ningún asentamiento humano en el punto exacto marcado como planicie del proyecto.
Más adentro, la montaña se convierte en zona productiva: horticultura y ganadería que abastecen mercados formales de la capital.
“Producimos hortalizas y ganado para Tegucigalpa. Si se construye la represa, ¿qué pasará con toda esta producción?”, preguntó uno de los pobladores.
El único indicio de intervención reciente es un tramo corto de camino abierto con maquinaria. Los habitantes lo atribuyen a trabajos realizados por GeoConsult S.A. de C.V. en propiedad privada.
Según testimonios locales y la versión de un trabajador de UMAPS consultado aparte, la maquinaria estuvo en la zona aproximadamente dos semanas a inicios de 2025 y luego fue retirada.
No se observaron obras de infraestructura asociadas a una represa. Varios de los puntos de medición descritos en contratos técnicos están, según lo verificado en campo, fuera del polígono proyectado para el embalse.
Lo visto contrasta con los contratos administrativos firmados durante la gestión de Aldana: uno por más de 199 millones de dólares para construcción y otro por 539 millones de lempiras para estudios, supervisión y reasentamiento.
En total, compromisos contractuales aproximados por 5,800 millones de lempiras (al ajuste actual).
En el terreno, sin embargo, no hay represa.
EL HERALDO Plus solicitó postura oficial a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a GeoConsult S.A. de C.V. y a los representantes del consorcio constructor. Al cierre de esta publicación, no hubo respuesta.
¿Qué se esperaba de Jiniguare?
El contrato 2290-GLA-AMDC-2024, firmado el 30 de agosto de 2024, no se limita a autorizar estudios: define las bases técnicas de la represa Jiniguare e impone como condición que, antes del llenado del embalse, todas las personas dentro del área de afectación deberán haber sido trasladadas y compensadas.
El acuerdo —por más de 539 millones de lempiras, según Honducompras— fue suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y GeoConsult S.A. de C.V. Contempla dos fases: asistencia técnica para el estudio de impacto ambiental y el diseño del plan de reasentamiento involuntario, y supervisión del diseño y construcción de la obra.
Es decir, la misma firma participa en la estructuración ambiental y social del proyecto y en la supervisión técnica de su ejecución.
El documento técnico describe una presa de gravedad construida con Concreto Compactado con Rodillo (RCC), método que utiliza capas de concreto extendidas y compactadas con maquinaria pesada. Permite construir grandes volúmenes en menos tiempo que el concreto convencional, pero exige controles estrictos de calidad, ya que la estabilidad depende del peso del material.
La presa tendría una longitud de coronamiento de 298.91 metros y una altura máxima de 90.1 metros —equivalente a un edificio de más de 25 niveles—. La base alcanzaría 72.8 metros de ancho. La corona, a 1,168.1 metros sobre el nivel del mar, tendría ocho metros de ancho y funcionaría como vía de acceso técnico.
El diseño incluye un vertedero en el estribo derecho con canal de descarga y deflector tipo “salto de esquí”, estructura que proyecta el agua para disipar energía y reducir la erosión aguas abajo, en el cauce del río Ojojona.
La obra contempla tres galerías internas de inspección y drenaje para monitoreo de filtraciones e impermeabilización. El acceso se prevé por la cara aguas abajo mediante estructura metálica con gradas.
También se proyecta un conducto de descarga de fondo con compuertas tipo Bureau para regular caudales bajo presión y un sistema de bypass para garantizar el caudal ecológico —flujo mínimo necesario para preservar el ecosistema río abajo—.
El cuerpo principal sería de RCC, mientras que vertedero, canal de descarga y obra de toma se ejecutarían en concreto vibrado convencional.
Además del componente estructural, el contrato incluye un plan de reasentamiento involuntario para las personas ubicadas en la zona que quedaría inundada. El consultor debe identificar a los habitantes afectados, verificar su traslado previo al llenado del embalse y asegurar compensación adecuada y medios de subsistencia en condiciones dignas.
El documento no precisa en ese apartado cuántas personas serían desplazadas, el monto total de compensaciones ni el mecanismo de verificación del reasentamiento antes del cierre de compuertas.
Juan Diego Zelaya y el futuro de Jiniguare
EL HERALDO Plus conversó con el alcalde entrante del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien se comprometió con la población capitalina a impulsar la construcción de la represa de Jiniguare, asegurando que la obra será ejecutada.
Informó que ya sostuvo conversaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para avanzar también en el proyecto de la represa Quiebramontes, que, junto a Jiniguare y Río del Hombre, busca garantizar el suministro de agua potable a la capital durante los próximos 50 años.
Zelaya destacó que el proyecto de Jiniguare ya cuenta con firmas del gobierno saliente, aunque aclaró que es necesario revisar su estatus actual antes de definir los siguientes pasos.
“No sé cuál es el estatus de la represa, pero hay que revisar ese tema también y, obviamente, Río del Hombre y el Reservorio del Hatillo, que son proyectos que hay que iniciar cuanto antes para que avancen”, indicó el edil.
Asimismo, enfatizó la importancia de la obra para los capitalinos: “La presa en Jiniguare es algo que necesitan los habitantes de la ciudad”.
Por ser reciente en el cargo, Zelaya no profundizó en detalles sobre los plazos ni el estado administrativo del proyecto, aunque se comprometió a ofrecer más información en cuanto se lleve a cabo un análisis completo del expediente y del financiamiento disponible.
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