La disponibilidad, una “purga” para marginar a oficiales que pesa en las finanzas del país

Tegucigalpa, Honduras.- De 13 oficiales de la promoción 28 y 1 de la 30, que en el 2025 el entonces jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Roosevelt Hernández envió a disponibilidad por oponerse a la politización y arbitrariedades en el ente militar, 10 siguen sin ser reincorporados a la institución, generando un|a enorme carga salarial para las finanzas del país.

En abril de 2025, Hernández primero ordenó a oficiales de las promociones 28, 29 y 30 entregar sus armas de reglamento. Luego poco a poco, de acuerdo con fuentes dentro del Estado Mayor Conjunto (EMC9, fue enviándolos a casa bajo el mecanismo de disponibilidad, marginando de esta manera a todos aquel que consideraba un obstáculo en el camino de convertir a las FFAA en el brazo armado del partido Libertad y Refundación (Libre). Las fuentes dijeron que a otros los aisló porque no toleraron actos de corrupción.

De la 28 promoción —integrada por seis generales de brigada y siete coroneles— solamente cuatro fueron reintegrados a puestos de baja categoría. Además de los oficiales de este grupo, también fue enviado a disponibilidad el coronel Gustavo Álvarez Rodríguez, de la 30 promoción.

Álvarez Rodríguez es hijo de quien fuera el general de división Gustavo Álvarez Martínez, exjefe de las Fuerzas Armadas en la década de los 80. Hasta hace unos días a Álvarez Rodríguez lo tenían propuesto para la agregaduría militar en Israel.

El pago salarial de estos militares enviados a casa sin obligación alguna es una carga para los hondureños. Cada coronel tiene un sueldo base de 73,207 lempiras y como aumenta anualmente, al tener seis años alcanza los 80,172 lempiras.

Mientras un general de brigada comienza con un salario de 95,131 lempiras y al cumplir la media docena de años su sueldo asciende a 102,631 lempiras. Asimismo, un general de división empieza ganando 113,271 y a los tres años devenga 119,097.

Partiendo del sueldo base y el pago anual de 14 salarios, el tener a cuatro coroneles sin ninguna función representa para el erario el pago de más de cuatro millones de lempiras anuales, mientras que el costo de los seis generales de brigada asciende a unos 7.9 millones lempiras, haciendo un total anual de más de 12 millones de lempiras.​​​​​​

Para el abogado y analista Lester Ramírez, es insólito que por capricho se tenga a militares con grandes salarios sin que el país obtenga alguna retribución. Y lo más preocupante que esto suceda mientras el narcotráfico y el crimen transnacional permea continuamente las fronteras del país, agregó.

"A estos militares que fueron enviados al congelador no se les puede violentar sus derechos laborales, pero si, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe reparar a Roosevelt Hernández que fue quien los puso en una situación de retiro involuntario, supuestamente sin justificación alguna. Igualmente se debería investigar porque el nuevo jefe de las FFAA (Héctor Benjamín Valerio Ardón) no los ha reintegrado", demandó Ramírez.

La promoción 28, una generación de oficiales superiores que, por estricta antigüedad, idoneidad y méritos acumulados, debían coordinar las jefaturas operativas más importantes de las FFAA, sin embargo para que no representaran oposición fueron enviados de forma prematura a una especie de limbo laboral, despejando el camino para que la promoción 29 —facción leal a Roosevelt Hernández y a Valerio— para que asumiera el control total de la Junta de Comandantes.

Solamente a cuatro de los purgados se les reincorporó como enlaces y agregados militares. La mayoría aceptó su exclusión sin “murmurar” (término militar) por temor a ser llevados a un tribunal de honor donde el castigo más temible es la baja deshonrosa, con la cual se busca convertir a los oficiales rebeldes en parias de la sociedad militar.

De acuerdo con el capitán Santos Rodríguez Orellana, dentro de las Fuerzas Armadas el uso de la disponibilidad, el envío a agregadurías militares y como enlaces con entes públicos se han convertido en herramientas de aislamiento, castigo y discriminación; pero el colmo es cuando a los oficiales se les somete a un tribunal de honor, donde sin ningún derecho a defenderse, se les da de baja deshonrosa.

Rodríguez Orellana, fue dado de baja deshonrosa en 2016 y luego fue perseguido y acosado por las Fuerzas Armadas para dar a conocer públicamente la vinculación de Antonio (Tony) Hernández con el narcotráfico y señalar que había varios oficiales relacionados con ciertos grupos criminales.

Él calificó estos mecanismos como una forma de "purga" institucional, aplicados de manera arbitraria contra los oficiales que manifiestan su desacuerdo con las situaciones políticas del país o que se oponen a las decisiones de los altos mandos. “En lugar de responder a criterios estratégicos, estas medidas buscan aparte de quienes no resultan afines a la comandancia de turno”, agregó.

Para él, los jefes militares recurren a estas formas de marginamiento cuando deciden prescindir de un oficial sin iniciar un proceso de baja formal. Esta situación genera un gasto innecesario de fondos públicos y se utiliza con el fin de desprestigiar la trayectoria y el honor de los oficiales.

Explicó que aquellos oficiales con derecho a ejercer el mando que dejan de ser del agrado de la cúpula también son relegados a agregadurías militares o a puestos de enlace en instituciones gubernamentales, como Copeco o en el sector educativo. Dijo que esta práctica desvía de sus verdaderas funciones a personal calificado (como coroneles) que podría ser aprovechado estratégicamente en el territorio nacional para el combate a la delincuencia y la criminalidad.

Aseguró que la falta de un estándar legal claro ha dado paso a la creación de "tribunales de honor, que operan como organismos inconstitucionales, inmorales e inhumanos. Los oficiales sometidos a estos procesos carecen de garantías mínimas para su defensa y de la posibilidad de apelar, siendo convocados únicamente para escuchar las acusaciones y recibir la baja deshonrosa”.

"Lo que ellos hacen es inconstitucional porque violenta el derecho a la defensa”. Además “estas sanciones severas, como la baja deshonrosa, recaen de forma desproporcionada sobre los rangos subalternos que se atreven a señalar la corrupción, la extorsión o los vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico dentro de la institución”, precisó.

Aseveró que también se aplica de manera punitiva contra oficiales que vierten declaraciones críticas en los medios de comunicación, dañando su prestigio y tratándolos de forma denigrante, pero por otro lado existe una marcada impunidad para los altos mandos acusados ​​de malversar presupuestos o fondos destinados a la alimentación.

A través de la solicitud SOL-SDD-688-2026 de fecha 6 de abril de 2026, EL HERALDO solicitó “la lista de oficiales, con nombre, apellido, rango y salario mensual, que actualmente las Fuerzas Armadas tiene en condición de disponibilidad”, incluyendo el tiempo que a cada uno de ellos le falta para cumplir el total de 35 años de servicio.

Sin embargo, la cúpula militar desconociendo la Ley de Transparencia denegó el nombre de los oficiales y su salario utilizando la resolución SE-001-2020 sobre una reserva de información extendida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la cual no se establece que el nombre y el salario de un militar es secreto de Estado.

De acuerdo con el abogado Saúl Bueso, experto en el tema de transparencia, el nombre de un militar es un dato personal no confidencial, igualmente su sueldo mensual, y proporcionarlos a los peticionarios no amenaza la seguridad nacional, más bien su ocultamiento hace sospechar que detrás de ello hay un mal uso del recurso humano, o corrupción.

El profesional recordó que los coroneles y generales son servidores públicos y sus sueldos se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Lo que sucede es que los militares están acostumbrados a no rendir cuentas a nadie criticó a Bueso.

Ante la actitud opaca de los militares, EL HERALDO accedió mediante otras vías al nombre de los oficiales en disponibilidad, así como su salario y el tiempo que les queda para cerrar su ciclo en las FFAA.

Para el general de división en retiro y exjefe castrense Tito Livio Moreno Coello, la disponibilidad es un término legal establecido que se utiliza cuando la cantidad de coroneles y generales de brigada rebasan la cantidad de cargos dentro de la institución.

“Cuando no hay una vacante en los cuadros orgánicos de la Fuerza Armada, entonces se tiene que mandar a disponibilidad, donde el oficial queda como a disposición de cuando le llamen la superioridad para un para una tarea o para hacer algo específico”, justificó.

El aislamiento de los oficiales está sucediendo porque no hay vacantes donde ponerlos. Actualmente, el jefe del EMC y otros cargos dentro de la cúpula están en manos de miembros de la 29 promoción entonces los de la 28 se sienten mal porque son oficiales más antiguos y solo les queda un año de servicio. Además, la ley establece que son dos años en los altos cargos, explicó Moreno Coello.