Así descubrieron que un cabecilla de la Pandilla 18 llevaba años "muerto" en los registros oficiales

Tegucigalpa, Honduras.- La investigación sobre una constancia de defunción falsa terminó destapando un elaborado mecanismo que permitió a un cabecilla de la Pandilla Barrio 18 permanecer oficialmente muerto mientras seguía prófugo de la justicia.

El caso también puso bajo la lupa a funcionarios públicos y expuso las vulnerabilidades del sistema de registro de defunciones en Honduras.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus confirmó que desde inicios de 2026 el Ministerio Público, por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), desarrolla diligencias para establecer cómo Jesús Armando Chévez Cruz obtuvo un acta de defunción pese a estar con vida.

Chévez Cruz, señalado como integrante de la Pandilla Barrio 18 y considerado uno de los criminales más peligrosos del país, está vinculado con 27 asesinatos. Además, permanecía prófugo desde mayo de 2017, cuando escapó del Centro Penitenciario Nacional de Támara.

Las investigaciones comenzaron cuando fiscales solicitaron al Registro Nacional de las Personas (RNP) los padrones fotográficos de personas de interés para el Ministerio Público.

Según explicó el vocero de la ATIC, Jorge Galindo, la fotografía que aparecía en el sistema del RNP no coincidía con la que el Ministerio Público conservaba en sus archivos desde que el pandillero había sido capturado y condenado años atrás.

Esa inconsistencia llevó a los investigadores a profundizar las pesquisas hasta determinar que Chévez Cruz había suplantado otra identidad y, posteriormente, había logrado aparecer oficialmente como fallecido para seguir moviéndose en libertad.

A partir de ese hallazgo comenzó la búsqueda de los responsables de inscribir una defunción inexistente en el RNP. Ese hecho se sumó al historial delictivo del pandillero, que ya incluía procesos por extorsión, tráfico de drogas y otros delitos.

Las indagaciones condujeron al usuario con el que fue registrada el acta de defunción: Julián Moisés Galo Maldonado, exjugador del equipo del Registro Nacional de las Personas, posteriormente llamado Real de Minas.

El Ministerio Público presume que el exempleado facilitó el trámite irregular, un caso que volvió a poner en evidencia las debilidades de los controles del RNP.

No es la primera vez que ocurre una maniobra similar. Los investigadores recordaron el caso del narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, quien también simuló su muerte, fue inscrito como fallecido y posteriormente asumió la identidad de Magdaleno Meza Fúnez.

Galo Maldonado fue capturado el 11 de mayo de 2026 durante una operación ejecutada por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC. Al momento de su detención aseguró que no tenía relación con los hechos y posteriormente fue acusado de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir.

Mientras avanzaban las investigaciones, surgió otra interrogante: quién había emitido la constancia de defunción.

Una fuente consultada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus afirmó que el documento fue emitido cuando un médico laboraba en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), antes de incorporarse al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Incluso, la fuente aseguró que el galeno ocultó ese antecedente durante el proceso de contratación en Medicina Forense, por lo que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) también siguió esa línea investigativa.

El caso generó preocupación entre funcionarios de Medicina Forense, quienes advirtieron sobre el riesgo de que estructuras criminales logren infiltrar instituciones públicas o acceder a información sensible.

Como parte de las diligencias, la jefatura de los Laboratorios de Criminalística solicitó el 20 de enero de 2026 un peritaje documentológico sobre la constancia de defunción número 033301 y una certificación de nacimiento a nombre de Jesús Armando Chévez Cruz.

Los especialistas debían establecer si la escritura, la firma y el sello correspondían realmente al médico señalado y analizar el sello húmedo estampado en el documento utilizado para registrar la supuesta muerte ante el RNP.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación, el Ministerio Público descartó la participación del médico.

Jorge Galindo confirmó que las pericias determinaron que tanto la firma como los sellos habían sido falsificados. Además, el propio médico había denunciado el caso y se sometió a pruebas caligráficas que respaldaron esa conclusión.

Las pesquisas continuaron entonces enfocadas en el empleado del RNP que registró la defunción falsa, mediante la cual se hacía constar que el pandillero había sido sepultado en un cementerio de Choluteca.

Inicialmente se intentó inscribir la muerte en ese departamento, pero el trámite no prosperó porque el Documento Nacional de Identificación de Chévez Cruz correspondía a Francisco Morazán.

Posteriormente, los investigadores capturaron a otro de los implicados, un adulto mayor que, según las pesquisas, permitió llegar hasta Galo Maldonado, quien finalmente realizó la inscripción irregular.

Al momento de su captura, el exfutbolista aseguró que trabajaba en el Registro Nacional de las Personas, negó cualquier vínculo con pandillas y afirmó que únicamente había permanecido tres meses asignado a la ventanilla de la morgue.

Fuentes del RNP confirmaron a EL HERALDO Plus que el documento llegó a la institución y que el proceso continúa bajo investigación del Ministerio Público.

Las autoridades todavía deben establecer si el papel utilizado era original, quién elaboró realmente la constancia, quién falsificó la firma y los sellos del médico y si el empleado del RNP actuó con pleno conocimiento de que participaba en un fraude.

Consultado por este medio, el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattan, sostuvo que la institución únicamente registra las defunciones presentadas mediante la documentación correspondiente y que cada caso sospechoso es remitido a Inspectoría y al Ministerio Público.

El funcionario señaló que la solución pasa por implementar un sistema de gobierno digital que permita la interoperabilidad entre hospitales y el Registro Nacional de las Personas, para que nacimientos y defunciones sean inscritos electrónicamente y disminuir así el riesgo de falsificaciones.