La mitad de las víctimas de delitos sexuales fueron menores: “En ese pasillo helado se oían sus gritos de dolor’’
Solo el 18% de los responsables de estos delitos obtuvieron sentencia condenatoria. Organizaciones lamentan que prevalezca la impunidad en la mayoría de los casos
- 14 de julio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- “Me dijo que no contara nada porque era secreto’’, relató Gabriela durante una larga entrevista en una Cámara Gesell. Apenas tenía 6 añitos, pero sus pensamientos ya estaban perturbados por las manos de aquel hombre que se atrevió a tocar lo más preciado que tenía: su inocencia.
Sufrió en silencio por mucho tiempo, hasta que un día le contó a su papá que su propio tío la tocaba. “Me tocó las partes privadas”, comentó en medio de la entrevista, en la que sus nervios la hacían olvidar cosas importantes, según se evidencia en el expediente al que tuvo acceso EL HERALDO Plus.
“¿Y qué hace por esas partes privadas donde tocó (se omite nombre)? Que se toque cuál es la parte privada?”, pidió la persona que la entrevistaba. La niña, probablemente asustada, solo tocó sus partes íntimas.
Al profundizar en el expediente de Gabriela (nombre ficticio para proteger la identidad de la menor) se expone el dolor y tortura que vivió por años, pero también se evidencia uno de miles de casos de abuso sexual en Honduras que, bajo muchas irregularidades, continúan en impunidad.
En los últimos 8 años se contabilizan 33,600 víctimas de delitos sexuales, pero más de la mitad (el 53%), según los registros del Ministerio Público, fueron contra menores de entre 0 y 17 años. Es decir, de las víctimas reportadas entre 2017 y junio de 2025, un total de 17,829 (5 de cada 10 víctimas) eran niños y adolescentes.
A través de la solicitud de información SOL-MP-3178 este rotativo conoció que un tercio de las víctimas de delitos sexuales tenía entre 12 y 17 años, mientras que el 17% eran apenas unos niños, ya que no pasaban de los 11 años. Incluso, hubo 1,339 denuncias en menores de 0 a 5 años. El resto eran jóvenes, adultos y adultos mayores.
Los delitos sexuales contra menores de edad “se tienden a dar en situaciones en las cuales los niños están en condiciones de vulneración y porque realmente hay patrones de violencia bastante fuertes en el país”, lamentó Cándida Sauceda, directora Nacional de Casa Alianza en Honduras.
La opinión de la experta coincide con los registros del informe "Respuesta estatal en el combate contra el abuso sexual infantil y la trata", en el que varias organizaciones exponen las alarmantes cifras de delitos sexuales que representan un problema grave que demanda intervención.
El amplio documento, en el que también participó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), demuestra que cada 4 horas con 52 minutos se registró una denuncia de abuso sexual infantil entre 2021 y 2024.
Los delitos son muchos, pero pocos sentenciados
Aunque dentro del Código Penal no existe un concepto sobre los delitos sexuales, el Ministerio Público dice que son todos “aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad”.
Aquí se habla de casos de abuso, contacto con finalidad sexual, exhibicionismo, trata y tráfico de personas, así como violencia doméstica sexual, ya sea contra niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores.
Este rotativo contabilizó más de 33 tipos de delitos sexuales cometidos a nivel nacional, sin embargo, la mayoría de las víctimas eran menores de edad.
Por ejemplo, el 77% de las víctimas de violación especial eran menores de 0 a 17 años, al igual que el 52% de los casos de violación.
Con las denuncias por actos de lujuria (acciones sexuales no consentidas sin penetración, que buscan placer sexual del agresor y violan la libertad sexual de la persona ofendida) también se repitió el mismo patrón: el 66% eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
De los casos de estupro (coito a través del engaño) reportados, el 74% (7 de cada 10 víctimas) eran menores de edad.
Según la abogada Nilsa Flores, en el 95% de estas situaciones "el agresor está dentro del entorno familiar de la víctima y casi siempre es un pariente, un hermano mayor, el abuelo, el tío, uno de los padres y hasta las empleadas domésticas’’.
En el caso de Gabriela, el responsable, según el expediente, fue su tío, quien en primera instancia fue detenido por el delito de violación, pero en el documento aparece que fue acusado por “otras agresiones sexuales”, ya que no presentaba indicios de penetración.
“Mi pequeña sufrió golpes, cortes, quemaduras, la pérdida de sus dientecitos, heridas que se ven y otras que son más profundas, pero el sistema se ha encargado de hacerlas más grandes“, condenó Alfredo (nombre ficticio), padre de Gabriela, con la voz entrecortada.
En diálogo con EL HERALDO Plus, el hondureño aseguró que la mamá de la niña estaba al tanto de todo, porque "mi hija señaló de forma directa a su madre, pero la fiscalía jamás actuó".
“Gabriela se atrevió a contar lo que ninguna niña debería vivir ni recordar, salimos de la Fiscalía a las tres de la madrugada. Ese recuerdo me persigue como una pesadilla, en ese pasillo helado se oían sus gritos de dolor, su llanto desconsolado, su desesperación, su angustia, su sufrimiento, su miedo. Una tortura para una niña de seis años, y también fue una tortura para mí que solo podía sostenerle su mano sintiéndome impotente’’, relató el padre de la menor.
Y aunque el agresor de Gabriela fue denunciado y posteriormente investigado por el Ministerio Público, ya pasaron dos años y el caso sigue en la impunidad. Y, peor aún, la niña ahora se encuentra bajo el cuidado de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Alfredo denunció que no lo dejan verla, pese a que un juez le otorgó la facultad para hacerse cargo de su hija.
Los expertos en temas de infancia atribuyen esto a la falta de justicia por parte de las autoridades. Señalan que, aunque el Ministerio Público actúa con mayor rapidez al presentar el requerimiento fiscal en casos relacionados con la niñez, el proceso judicial “sigue siendo muy lento’’.
“Salimos de la fiscalía a las tres de la madrugada. Ese recuerdo me persigue como una pesadilla, ver a mi hija, cansada, con la mirada vacía, con sus pequeños pies arrastrándose, su cuerpo temblando de miedo’’, recordó Alfredo con evidente dolor, pues sus ojos y su voz quebrada lo delataban.
Ante las constantes denuncias de lentitud por parte de los entes de investigación, EL HERALDO Plus se comunicó con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien explicó que diariamente se registran cientos de denuncias, por lo que el debido proceso es por orden de llegada.
‘’No porque sea un delito sexual es que se le va a dar prioridad, o no porque sea un delito de corrupción se le va a dar prioridad, sino que todas las denuncias entran al sistema y así se va repartiendo a las fiscalías. Se van evacuando de acuerdo a cómo va ingresando al sistema.’’, indicó el vocero.
Sumado a esto, las cifras del Poder Judicial muestran que los casos que llegan a esa institución pasan por un tipo de embudo, pues no todas las denuncias terminan en una resolución.
Entre 2017 y mediados de 2025 hubo más de 6,400 denuncias que sí lograron una resolución en el Poder Judicial, aunque solo el 18% obtuvo una sentencia condenatoria contra los responsables.
Localidades
Los delitos sexuales contra menores ocurren de manera más frecuente en las principales ciudades del país, aunque los casos se extienden por los 18 departamentos.
Los registros del Ministerio Público señalan que el 21% de las denuncias (3,658 casos) ocurrieron en Francisco Morazán, mientras que el 16% en Cortés. Los expertos lo relacionan con la cantidad poblacional.
El Paraíso también aparece como uno de los puntos con mayor número de casos (1,578 en los últimos 9 años), mientras que Comayagua reportó 1,768. Atlántida y Choluteca también aparecen entre los punto geográficos con mayor número de delitos sexuales contra menores.
Estas cifras solo abarcan los casos en niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 17 años; al revisar los casos en víctimas de todas las edades, estos mismos departamentos (ubicados en el norte, centro y sur) continúan siendo los que reportan más incidencias.
En otros departamentos no hubo más de 1,000 denuncias en los últimos 9 años, sin embargo, genera preocupación por su densidad poblacional. Los datos evidencian que en promedio hubo 990 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad cada año.
Si bien los registros por departamento son altos y hasta alarmantes, el abogado Arnulfo Sevilla, de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), reconoció que es bueno que las víctimas decidan denunciar, ya que es la única forma de que los culpables se sometan a la justicia.
‘’Aunque muchos de estos casos se están quedando en el anonimato, es hasta el momento que se empieza a capacitar y se empieza a empoderar a la población que se va identificando lo que es una vulneración, y es ahí donde se inicia el proceso de denuncia’’, explicó Sevilla.
También señaló que muchas de las denuncias registradas fueron interpuestas muchos años después de que ocurrió el delito sexual, pues "los menores de 11 años pueden callar por miedo, pueden ser obligados a callar y hasta ser amenazados con su propia familia, pero es hasta que son adolescentes que tienen más posibilidad de alzar la voz, denuncian y (esperan) que alguien los escuche”.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, fue aún más contunde al decir que las falencias en el sistema de justicia van desde el momento en que entrevistan a las víctimas, porque el uso de las Cámaras Gesell se ha convertido en un privilegio.
“Nuestro sistema no está preparado ni diseñado para la atención de víctimas de abuso sexual infantil, tenemos Cámaras Gesell, pero hay jueces que se rehúsan a utilizarlas por cuestiones administrativas o cuestiones de comodidad y agenda, no están pensando los niños’’, afirmó.
Según el experto, esto no solo incumplen el correcto proceso de testificación, sino que es de los principales factores que desencadenan la impunidad, porque ‘’el sistema en vez de fortalecerse se está debilitando y ningún gobernante, ninguna autoridad actual del sistema de justicia o de los tres poderes del Estado está haciendo algo para evitar esa situación’’.
Gabriela fue llevada a una Cámara Gesell, entre preguntas y preguntas contó su versión de la historia. Contó que fue víctima de delitos sexuales y que su agresor era de su mismo círculo familiar. Ahora, pasa sus días entre personas desconocidas, añorando volverse a encontrar con su padre.
“El agresor sexual de Gabriela camina libremente por las calles, sonríe y sigue con su vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido la infancia de mi hija, como si no existieran las pruebas, los testimonios, las heridas visibles e invisibles que mi hija va a cargar para siempre’’, lamentó con voz triste el padre de la pequeña.
Este es solo un caso de miles de los que ocurren en Honduras contra menores de edad, quienes llevan una marca que va más allá de lo físico, pues los victimarios vulneraron su inocencia, sus sueños y, como si nada había pasado, quedaron libres de la justicia.
