Tala ilegal, minería y carreteras: así destruyen las áreas protegidas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las áreas protegidas de Honduras solo están en papel. En la práctica son vulnerables a tala ilegal, minería, descombros (cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería y asentamientos humanos) y hasta la apertura de carreteras.

El caso más alarmante ocurrió en plena pandemia del covid-19 en la Biósfera del Río Plátano, donde no abrieron una o dos carreteras, sino tres. Este caso fue denunciado por EL HERALDO Plus en 2021, sin que se tomaran las medidas correspondientes para frenar el ecocidio.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Defensa a través de la solicitud de información SOL-SDD-708-2026, los delitos ambientales en áreas protegidas de Honduras ocurren con tanta frecuencia, que cada 6 días, en promedio, reciben un reporte de daños en parques nacionales, reservas protegidas o refugios de vida silvestre.

Desde enero de 2020 hasta el 11 de julio de 2026 (en más 6 años) reportaron 345 áreas protegidas que sufrieron daños, la mayoría por actividades de agricultura, ganadería y asentamientos humanos.

Los casos ocurrieron en 16 de los 18 departamentos del país, dejando un daño, en algunos casos, irreparable en 145,711 hectáreas de bosque, lo que equivale a 204,077 veces el tamaño del Estadio Nacional Chelato Uclés.

Para Pedro Landa, coordinador de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para Honduras, el impacto en Honduras es devastador, pues el área protegida alberga esa categoría porque “reúne especies de hábitats o ecosistemas donde hay flora, fauna o inclusive especies inexploradas que tienen un valor especial e intangible y que están bajo protección nacional y algunas bajo protección internacional”.

Puso de ejemplo los sitios Ramsar (12 lugares designados que protegen ecosistemas clave como manglares, lagunas, arrecifes y refugios de vida silvestre) que tienen como finalidad proteger los ecosistemas únicos en la región, que garantizan que no se pierda el equilibrio y el balance natural.

Los datos de Defensa muestran que por cada 10 intervenciones realizadas, 7 eran por descombros y 1 por deforestación o tala ilegal de árboles. Solo los casos de cambio de suelo por ganadería y agricultura dejaron 144,683 hectáreas dañadas (el equivalente a 202,637 veces el tamaño del Chelato Uclés, mientras que por deforestación fueron 794 hectáreas (el equivalente a 1,112 estadios).

También hubo 27 reportes de daños por minería ilegal para extraer oro, que dejaron 200 hectáreas de bosque afectadas. El pasado 25 de junio las autoridades identificaron actividades de minería ilegal y apertura de ejes carreteros en la zona de la Biósfera del Río Plátano, entre los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón.

Las Fuerzas Armadas dijeron en redes sociales que realizaban operativos de reconocimiento, patrullaje y control de la zona, sin detallar si hubo personas detenidas. Las imágenes eran alarmantes, pues se observaba la devastación del área boscosa, evidenciando que habían realizado actividades de minería a cielo abierto, una práctica prohibida por ley en el país desde 2022.

Según los reportes de Defensa, entre 2020 y julio de 2026 encontraron 27 casos de minería ilegal por extracción de oro, 2 por bombeo de agua y 2 en el que además de oro buscaban traficar con madera. Todos estos delitos ambientales fueron concretados en áreas protegidas.

Para Landa, esto ocurre porque los parques nacionales y reservas naturales son utilizados con fines económicos, pues la “perversión legislativa que se ha hecho en el Congreso hondureño, lo que nos ha llevado precisamente a que Honduras sea un país considerado como el que menos respeta los tratados y convenios internacionales”.

El ambientalista se refirió específicamente a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, que deja, de acuerdo con su opinión, muchos vacíos para que haya inversión sin importar la zona.

Otro problema que identificó es que en el país existen 91 áreas protegidas, pero solo la mitad están inscritas en el Instituto de la Propiedad (IP), entonces muchas personas “sacan títulos de propiedad de forma fraudulenta y aparecen ya como dueños de partes de áreas protegidas y solo necesitan permiso de explotación. Todo eso ha sido un problema histórico que ha existido dentro del Instituto de Conservación Forestal”, condenó.

Para él, las áreas protegidas son apetecibles por dos cosas: “cuentan con la presencia de agua suficiente para sostener las actividades que ahí se intentan realizar y segundo, con la presencia de minerales o de gas natural,que es otra de las cosas que se está viendo últimamente que hay concesiones para la generación de energía térmica, termoeléctrica y de gas natural".

Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, por su parte, explicó que estos datos corresponden a operativos que realizan de forma permanente en 55 áreas protegidas de Honduras, donde además de todo el daño que evidencian también han decomisado maquinaria utilizada para minería ilegal.

Según los datos, desde 2020 hasta julio de 2026 decomisaron 76 máquinas, entre retroexcavadoras, volquetas, montacargas, motobombas, cribas y hasta vehículos.

A través de una comunicación vía WhatsApp, detalló que “las operaciones se realizan mediante patrullajes terrestres, denuncias de la población y patrullajes aéreos a través de los cuales podemos detectar algún tipo de daño ambiental”, sin embargo, no mencionó si han reportado detenidos.

Rivera dijo que su labor, además, consiste en concretar campañas de reforestación en las que han trasplantado 1.5 millones de plantas de diferentes especies, pero también han encontrado cultivos ilícitos, incluso en zonas protegidas.

“A la población le pedimos colaborar con los cuerpos de seguridad protegiendo nuestros bosques y denunciando a toda aquella persona vinculada a la comisión de delitos ambientales”, sugirió.

Los reportes de Defensa, analizados por EL HERALDO Plus, evidencian que 16 de los departamentos reportaron al menos un operativo por daños en áreas protegidas, aunque el 30% fueron en Olancho, el 15% en Atlántida y otro 15% en Santa Bárbara, donde tuvieron que intervenir porque construían una carretera en una área protegida.

Gracias a Dios, que alberga parte de la Biósfera del Río Plátano, también reportaba un alto número de casos, así como Cortés y Yoro.

Los reportes ocurrieron, en su mayoría, en zonas donde viven grupos afrodescendientes e indígenas, cuya cultura también es protegida por la misma normativa. Por ejemplo, 13 de los casos fueron en microcuencas y otros 10 casos en parques nacionales. También hubo reportes en refugios de vida silvestre, como Cuero y Salado, donde registraron la afectación de una hectárea por descombros.

En la Reserva de la Biósfera Tawahka Asangni, en Gracias a Dios, también contabilizaron 7 hectáreas afectadas por ganadería o agricultura.

Según Landa, solo la afectación que se está dando en La Mosquitia está generando impacto en la calidad del aire y, a su vez, genera afectación en la actividad económica de los pobladores que realizan pesca submarina.

“Además se está hablando ya de nuevo de la explotación de petróleo en esta región, en otra área protegida porque estamos hablando de los arrecifes coralinos, de los cayos misquitos, que además tienen doble protección porque son territorios indígenas y son especies bajo protección natural, porque todos los manglares que hay en esa zona son precisamente los que los ubican como sitios Ramsar”, condenó.

Para él, afectar esta área para la explotación del petróleo representa intereses económicos por encima del beneficio global. “Aquí se ha tergiversado la ley cuando declaran que todas estas actividades económicas son de interés y de utilidad pública cuando no es cierto, son de interés y utilidad privada y dañan un bien natural que sí es de utilidad pública, como es una montaña, una reserva biológica, un arrecife coralino, un manglar que se beneficia en comunidades enteras y más allá de nuestras fronteras”, puntualizó.