Un nuevo capítulo puede escribirse en el tema de las tiendas libres en Honduras.
Un grupo de funcionarios y políticos del Partido Nacional ha comenzado a usar sus influencias para que las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) autoricen la reapertura de las 37 “duty free” que fueron cerradas a finales de febrero del año pasado por estar vinculadas al comercio ilegal de bebidas alcohólicas y cigarrillos importados, así como otros artículos.
Así lo denunciaron fuentes oficiales, quienes prefirieron omitir sus nombres.
Los cabildeos también han tocado las puertas de la Corte Suprema de Justicia, la que se espera resuelva en esta semana los amparos presentados por los empresarios de ese rubro.
La investigación
EL HERALDO, a través de una serie de reportajes de la Unidad Investigativa, puso al descubierto cómo estos negocios manejados por empresarios hondureños y extranjeros se dedicaban al contrabando de mercaderías importadas
en las aduanas terrestres y centros comerciales del país para el consumo exclusivo de los visitantes, pero que al final la mayor parte era vendida a comerciantes nacionales, constituyendo una violación a las leyes aduaneras internas e internacionales.
El trabajo fue preparado durante varias semanas, ya que incluyó recorridos por varias ciudades, en donde estos negocios operaban en contubernio con funcionarios y empleados aduaneros (agentes fiscales).
Después de publicada la denuncia por este rotativo, personal de la Unidad Antifraude de la DEI pudo comprar licores y cigarrillos en las tiendas libres de la capital, lo que obligó al anterior ministro director de Ingresos, José Oswaldo Guillén, a aplicar la ley a los empresarios de ese rubro, lo que le provocó una fuerte campaña de desprestigio y presiones para separarlo del cargo.
Con el despido de Guillén del puesto, el pasado 10 de septiembre, funcionarios y políticos coludidos con empresarios de tiendas libres han venido trabajando para que el Poder Ejecutivo ordene la reapertura de las 37 “duty free”. En Honduras, tiendas libres solo operan en los cuatro aeropuertos comerciales.
Las denuncias de estas irregularidades, y que le costaron al fisco alrededor de 2,300 millones de lempiras en concepto de evasión fiscal, fueron del conocimiento de todas las administraciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, las que nunca hicieron nada porque la mayor parte de los operadores de las “duty free” eran financistas de las campañas de los partidos políticos tradicionales –Nacional y Liberal– y, por ende, personas con muchas influencias en los gobiernos de turno.
Empresas ligadas a la distribución de bebidas alcohólicas y cigarrillos importados hicieron en reiteradas ocasiones el reclamo, pero nunca hubo respuestas.
Presiones
Una serie de testimonios en poder de EL HERALDO
revelan que los operadores de tiendas libres han venido sosteniendo reuniones con cercanos colabores del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional para lograr la reapertura de sus negocios, los que permanecen cerrados desde el 24 de febrero de 2010.
De acuerdo con denuncias recibidas, las presiones han llegado hasta personal de la DEI que intervino en el cierre de estos negocios, los que por temor de ser separados de sus cargos ahora pretenden cambiar sus opiniones técnicas y legales, y lo que en el pasado calificaron como actuaciones apegadas a las leyes aduaneras nacionales, al Código Uniforme Centroamericano y al Reglamento del Cauca, resulta que ahora tratan de justificar que fueron contrarias a la normativa competente.
“Ese cambio de opiniones de funcionarios y empleados de la DEI es producto de las presiones de políticos y funcionarios”, dijo un informante.
Corte Suprema emitirá fallo
La Sala Constitucional del Poder Judicial se apresta a evacuar el proceso pertinente para en emitir una sentencia sobre si concede o no el amparo a los operadores de tiendas libres que presentaron un recurso en contra de la acción de la DEI de cerrar las tiendas libres.
Así lo informaron varias fuentes oficiales, quienes explicaron que desde mediados de junio de 2010 se emitió un fallo que admitía el recurso de amparo pero sin la suspensión del acto reclamado, o sea la reapertura de dichos negocios.
La Sala Constitucional, integrada por cinco magistrados, dictaminó que la petición de suspender el acto administrativo no se ajustó a lo estipulado en el Artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional.
Los funcionarios judiciales manifestaron por unanimidad que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación del cierre de las tiendas libres procedía un recurso de reposición, el que no fue presentado ni en tiempo ni en forma.
