El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, fue del parecer que es incorrecto para los intereses de Honduras privatizar la distribución eléctrica.
El empresario brindó declaraciones en el marco de la reunión semanal de directores para analizar el alza a las tarifas eléctricas que traerá la vigencia de la Ley General de la Industria Eléctrica, la que está en proceso de ser enviada al presidente Juan Hernández para que sea sancionada.
Para Facussé, traspasar vía fideicomiso las líneas de transmisión a un operador privado encarecerá el costo de la energía eléctrica al consumidor final. “Será como entregar las carreteras de Honduras a un operador privado, se pasará de un monopolio estatal a un monopolio privado”, indicó.
Según Facussé, es necesario que antes de que esta ley sea sancionada por el presidente Juan Hernández se consulte cuál es el criterio de los demás sectores del país, de manera especial, de los grandes consumidores de energía.
“Cremos como Andi, continuó, que todos los interesados deben pegarse a estas líneas de transmisión eléctrica para transportar su energía. Además que la ENEE cobre un peaje por kilovatio hora”, indicó.
Fue del parecer que coinciden y están preocupados por las recientes declaraciones de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) que se elevarán las tarifas al entrar en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica.
Por su parte, el gerente de la ENEE, Emil Hawit, expresó, en conferencia de prensa realizada en otro sector del país, que es incorrecto decir que se privatizará la ENEE y se elevarán las tarifas eléctricas.
Hawit explicó que a inicios del año anterior se aprobó en el Congreso Nacional los fideicomisos de distribución, transmisión y alumbrado público. “La Ley de la Industria Eléctrica está en la comisión de estilo del Congreso y en los próximos días será enviada al presidente Hernández para que la sancione”, indicó.
Indicó que esperan aplicar las nuevas tarifas eléctricas con lo establecido en esta nueva normativa, porque los consumidores deberán pagar el costo real de la facturación eléctrica.
