El Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares (Sitrasanaays) interpondrá los recursos legales correspondientes si se firma el convenio de traspaso del sistema de agua a la comuna capitalina sin que antes tengan los trabajadores garantía del pago de sus prestaciones.
Así se pronunció la organización mediante un oficio fechado el 10 de febrero y dirigido a Luis Eveline, gerente del SANAA, y Nasry Asfura, el edil capitalino.
De igual modo, “reiteramos que seremos respetuosos de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, por lo que demandaremos la correcta aplicación de la misma, especialmente la que respecta a los derechos laborales de los trabajadores”, versa el pronunciamiento.
Otras líneas del referido expresan que no se someterán a arreglos y condiciones con la junta directiva que menoscaben los derechos de sus afiliados.
“Le manifestamos al gerente Luis Eveline y a la Junta Directiva del SANAA que si quiere evitar conflictos laborales con la organización sindical, no cedan a las presiones de los sectores municipalistas”, concluye el pronunciamiento.
El problema radica en que un sector de las juntas de agua de la capital no quiere que se municipalice el agua, pues piensan que esto es sinónimo de privatización, y citan como ejemplo lo que sucedió en San Pedro Sula.
En este punto, Luis Amador, presidente de la Asociación de Juntas de Agua de la capital de Honduras, recordó el caso de la capital industrial de Honduras, donde 'se le dio en concesionamiento a una empresa italiana y el sistema no ha mejorado, mientras las tarifas ahora son altísimas, mientras los abonados claman por esa cuestión de haberse municipalizado el servicio'.
Ahora bien, en varias ocasiones, Luis Eveline aseveró que “con el traspaso no se privatizará el recurso”.
La otra parte, el alcalde Asfura, recordó que con la municipalización se transferirán unos 800 de los 1,600 empleados del ente autónomo, ya que solamente adquirirán la División Metropolitana como operador.
En ese sentido, la comuna se hará responsable del pasivo laboral de los nuevos empleados bajo su responsabilidad, mientras que el gobierno, del resto.
Lo anterior representa el pago de prestaciones por el orden de 1,470 millones de lempiras (70 millones de dólares), monto que se cancelará diferidamente, explicó Asfura.
El edil municipal reveló que la comuna facturará 660 millones de lempiras anuales por el servicio, dinero que servirá para invertir en el sistema, pagar planillas y pasivo laboral.
Asimismo, expuso sobre la desigualdad social, pues en el área comercial el metro cúbico de agua cuesta 37 lempiras, mientras que en los barrios marginales deben comprar barriles, lo que encarece el metro cúbico a 165 lempiras.
No obstante, los trabajadores insisten en que se les privatizaría el líquido, al tiempo que con el traspaso a la Alcaldía, no estarían seguras sus prestaciones.
