La Fiscalía de Derechos Humanos concluyó que procede ejercer la acción penal por el incendio en la granja penal de Comayagua en el que murieron 361 personas.
El hecho aconteció el 14 de febrero de 2012, sin embargo, la Fiscalía no podrá acudir directamente ante los tribunales sin antes convencer a las autoridades superiores del Ministerio Público sobre la comisión de delitos y quiénes los habrían cometido.
“Hemos sido instruidos por las autoridades superiores para que hagamos un planteamiento fundado del porqué estimamos jurídicamente factible entablar la acción penal y cuál es la prueba que consideramos dentro de la investigación se ha aportado para fundarnos en ese sentido”, informó el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
Según la investigación, existieron omisiones y excesos en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel, entre quienes en ese entonces fungieron como autoridades de Centros Penales, entre ellos Danilo Orellana, y de la granja penal de Comayagua. Asimismo, a custodios de dicho centro penal.
