El Congreso Nacional (CN) trabaja en un anteproyecto de ley encaminado a reparar daños a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país.
La iniciativa servirá para trabajar en las indemnizaciones de los familiares de los 365 reclusos que murieron calcinados en la granja penal de Comayagua en febrero pasado, anunció la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.
“La indemnización es uno de los temas que no se puede descartar, pero obviamente este no es el momento para hacer una negociación de ese tipo, tanto el Estado como los familiares están interesados en otras situaciones”, dijo Pineda.
Seguidamente la funcionaria detalló que “el Congreso Nacional trabaja en un anteproyecto para la reparación a las víctimas y a los familiares en violaciones a los derechos humanos, y en el marco de ese anteproyecto se podrán hacer consideraciones con mayor conocimiento sobre lo que el Estado podrá asumir”.
Demandas
El presidente Porfirio Lobo anunció, tras el siniestro de Comayagua, que el gobierno no esperará que vengan las demandas en contra del Estado sino que negociará con los familiares el tema de las indemnizaciones para evitar que el país se exponga a un proceso legal internacional.
“Cuando se trata de promover ante instancias internacionales la reparación, primero se tienen que agotar los recursos de la jurisdicción interna, agotados estos recursos toda persona tiene expedito poder acudir en un primer momento, si así considera, al sistema interamericano de protección”, explicó Pineda.
El gobierno se comprometió a sentarse con los familiares de las víctimas del centro penal de Comayagua para negociar el proceso de indemnización con la mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado viernes la CIDH concluyó una evaluación al sistema penitenciario de Honduras y concluyó que las cárceles están “colapsadas” al tiempo que pidió el establecimiento inmediato de políticas públicas encaminadas a resolver los problemas en los centros penitenciarios.
En Honduras hay 24 centros carcelarios que albergan a alrededor de 13 mil reclusos, una cifra excesivamente elevada considerando que la capacidad de los 24 centros es de apenas 7,000 reclusos.
Los centros penitenciarios con mayor sobrepoblación son la Penitenciaría Marco Aurelio Soto de Támara y el centro penal de San Pedro Sula.