Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público solicitó cadena perpetua para tres jóvenes declarados culpables del secuestro agravado del universitario Anders Xavier Arriola García, raptado y asesinado en La Ceiba, Atlántida, en 2024.
La petición fue presentada durante la audiencia de individualización de la pena por agentes de tribunales de la Sección Contra el Delito de Secuestro y Operaciones Especiales de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco).
Los condenados son Manuel Enrique Peralta Everett, Brayan Alberto Ruiz Duarte y Dimitry Ángel Rafael Oliva Cerritos. Los tres fueron declarados culpables del delito de secuestro agravado en perjuicio del universitario.
En la misma causa fue procesado Otho Jeremías Wood Wood. Según el reporte oficial, los cuatro permanecen recluidos en el centro penal de Támara, Francisco Morazán.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Arriola García fue privado de su libertad el 3 de septiembre de 2024 y mantenido cautivo en la colonia Sitraleyde, en La Ceiba.
Las autoridades presentaron el requerimiento fiscal contra los cuatro vinculados al caso el 11 de septiembre de ese año, ocho días después del secuestro, tras las capturas realizadas por agentes policiales.
Como parte de las diligencias, los investigadores ubicaron un vehículo relacionado con los sospechosos en la colonia El Confite. Posteriormente, los implicados habrían revelado el lugar donde enterraron el cuerpo del universitario.
Personal de Medicina Forense, fiscales del Ministerio Público y agentes de la DPI, con presencia de un juez ejecutor, participaron en la exhumación del cadáver de Arriola García en la aldea Cuyamel, cerca de la playa.
El hallazgo se produjo después de que las autoridades capturaran a los sospechosos y avanzaran en las diligencias para localizar a la víctima.
Durante la etapa inicial del proceso, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testificales, entre ellas un análisis de la información extraída de los teléfonos celulares de los implicados.
La defensa rechazó los señalamientos, presentó pruebas de descargo y de arraigo, y solicitó sobreseimientos provisionales para sus representados.
La jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para los cuatro imputados.
Entre los argumentos expuestos en los antecedentes judiciales figuraron la existencia de indicios racionales, el peligro de fuga y la falta de arraigo de tres de los procesados.
La medida contemplaba que los cuatro permanecieran recluidos durante el término legal de dos años bajo custodia de las autoridades penitenciarias de Támara.
