Cuatro de los cinco candidatos a fiscal general y adjunto comparecieron este sábado en un controversial proceso de audiencias públicas, en el que uno de los nominados acusó a la cúpula política de Honduras de elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público durante una reunión celebrada anoche.
Rigoberto Cuéllar, Ivis Antonio Discua Barillas, Rolando Argueta Pérez, Óscar Fernando Chinchilla y María Antonia Navarro Bustillo, se presentaron puntuales a la cita en el Palacio Legislativo, en el centro de la capital de Honduras.
Las audiencias dieron inicio a las 7:30 AM en el salón Ramón Rosa, luego de un sorteo para la selección de turnos.
Estaba previsto que cada audiencia durara 45 minutos, para que los nominados
expusieran sus puntos de vista sobre la actual situación de inseguridad en Honduras y el papel del Ministerio Público, manejado desde abril por una comisión interventora
que encabeza Navarro.
Sin embargo, la comisión especial otorgó más tiempo a algunos de los candidatos, quienes contestaron más de diez preguntas.
Antes de comenzar, los abogados fueron llevados a diferentes salas donde permanecieron sin contacto, incluso, les fueron solicitados sus teléfonos celulares para evitar que sostuvieran comunicación entre ellos o con particulares.
El primero en comparecer fue el actual ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar, quien hizo alusión al proceso de investigación que se maneja en el Ministerio Público.
Alertó del 'descrédito en el que puede caer una institución si se convierte en un instrumento de persecución política o en un instrumento de persecución personal y eso lo que provoca es precisamente la desacreditación de una institución que tiene que ganarse la confianza. La ciudadanía tiene que tener la confianza de que cuando se acusa es porque se tiene los medios para acusar y que se va a ser exitoso en esa acusación'.
En referencia a casos emblemáticos que continúan en la impunidad, se comprometió a que, de resultar electo, 'no solamente vamos a liderar la investigación, a estar responsablemente dando instrucciones a los fiscales, sino que me comprometo ya sea como fiscal general o adjunto, a llevar esos casos personalmente a los tribunales'.
El segundo turno correspondió a Rolando Argueta. En su intervención, el profesional del derecho señaló que es necesario potencializar la figura del fiscal general y adjunto de Honduras, 'a efecto de reasignarle funciones específicas'.
'Me parece por ejemplo que el fiscal general adjunto debe encargársele el instituto de Medicina Forense, la investigación, a efecto de que se eficiente el manejo de la parte no solo administrativa sino de la parte investigativa', expresó.
Además, se expresó a favor de graduación de penas en el Código Penal de Honduras, principalmente en delitos de corrupción y narcotráfico, para que 'de acuerdo a la intensidad del delito, así sea la pena'.
Manifestó también la necesidad de liderar el combate a la mora judicial, para implementar figuras que permitan agilizar los procesos de paz o en casos de penas menores a cinco años.
Luego, la comisión especial llamó a María Antonia Navarro, quien actualmente preside la comisión interventora del Ministerio Público.
Navarro afirmó que su motivación para rectorar el ente acusador era 'contribuir con mi tiempo con lo mejor de mis ideas y con el valor para demostrar que en este país somos más los buenos que los malos.
'Es necesario recobrar la confiabilidad entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, que va más allá de los compromisos entre autoridades superiores. Esto implica que el cuerpo fiscal debe volver a confiar en los agentes de investigación y pensamos que la Policía debe invertir mucho en los procesos de depuración a volver a tener un cuerpo de policías investigadores que realmente puedan responder junto a estrategias técnico-jurídicas, orientadas por el Ministerio Público', reflexionó.
Lamentó que actualmente en varios casos un fiscal no es capaz de tener la evidencia contundente de acreditación de hechos contra imputados en crímenes y que por tal razón es imposible que el Ministerio Público pueda asumir toda la responsabilidad.
Recalcó la importancia de 'poner la gente correcta a cargo de los laboratorios, adquirir el mejor equipo de tecnología de punta que nos permita manejar una escena del crimen con bastante propiedad científica, traer la formación de médicos forenses al país', para contrarrestar la criminalidad.
Señaló que 'apostamos a un período de transición de Medicina Forense, hacia el Instituto de Ciencias Forenses y Criminalísticas. Poco a poco y en este corto plazo hemos ido sentando las bases de lo que debe ser la pericia científica'.
Posteriormente le tocó el turno al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Chinchilla, quien argumentó la prioridad de crear una política criminal, que reúna investigación, prevención y persecución, así como la redefinición del marco conceptual de seguridad, con el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos.
'El Estado debe crear una política criminal que garantice la plena vigencia de los derechos individuales de los ciudadanos, porque a la vez, este contenido de respeto a los derechos humanos le va a dar un aspecto ético a la seguridad', apuntó.
Y añadió que 'los pocos recursos que tiene el Estado, los estamos destinando en aquellos delitos que tienen poca incidencia, para ello es necesario hacer un inventario de los recursos que tiene la institución para reorientarlos y combatir la franja delictiva'.
También consideró importante la creación del Instituto de Ciencias Forenses que cuente con los insumos necesarios para las formas más compleja de la delincuencia y aseguró que estaba dispuesto a asumir el reto de titular el Ministerio Público.
'No le quepa la menor duda que renunciaría al cargo de fiscal general si no cumplo con las expectativas', comentó ante la consulta de uno de los diputados de la comisión.
Finalmente, compareció Ivis Discua, quien solicitó realizar su intervención de pie debido a cuestiones de salud y que se le otorgaran más de cinco minutos para efectuar su disertación.
Discua lamentó que el poder político haya interferido en el proceso de selección, al que aseguró se sometió en igualdad de condiciones a las pruebas avaladas por la Junta Proponente.
'Lo digo porque no tengo un padrino político y tampoco lo quiero', dijo, y acto seguido aseguró que 'la decisión de quién va a ser elegido fiscal general y el fiscal gerenal adjunto, la tomó la cúpula política ayer a las 9:00 de la noche, nada estamos haciendo nosotros aquí procediendo a un interrogatorio cuando ya sabemos quién va a ser el fiscal general'.
Luego de ser interrumpido por el diputado Mario Pérez, presentó su renuncia escrita
ante la comisión especial.
La votación para la elección del nuevo fiscal general y adjunto en el Hemiciclo, estaba prevista para este mediodía.
