A pesar de la urgencia, de la gravedad y profundidad del problema, de la alharaca creada, y que es una condición sine qua non para cualquier intento serio de combatir la terrible inseguridad que sufrimos, la depuración de las filas policiales de sus agentes y oficiales corruptos, delincuentes por cuenta propia o al servicio del crimen organizado, casi dos años después de iniciada, se mueve con parsimonia, con desgano, con tolerancia y hasta con síntomas de complicidad.
Todo va con tal lentitud que, a pesar de la estructura creada alrededor de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), son muchos más los policías que fortuitamente han caído en manos de la justicia en el momento en que cometían un delito que los que han sido destituidos como resultado del mencionado proceso de depuración.
Y es que, mientras todo el esfuerzo se ha concentrado en la realización de las llamadas “pruebas de confianza”, nada se está haciendo por investigar directamente los carteles delictivos al interior de la Policía Nacional, los cuales quedaron al descubierto después del asesinato del hijo de la Rectora de la UNAH, junto a otro estudiante universitario, cuya investigación obligó al gobierno a reconocer la putrefacción existente.
Pero incluso en lo referente a las pruebas toxicológicas, poligráficas, psicológicas, psicométricas, socioeconómicas, en las que la DIECP ha encontrado irregularidades que la ley califica como motivo de inmediato despido, es prácticamente insignificante el número de casos en los que la Secretaría de Seguridad ha cumplido su responsabilidad. Tampoco el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas han demostrado ninguna celeridad en los casos remitidos a ellos por la DIECP.
En estos días la DIECP anuncia la remisión al Ministerio Público de 91 expedientes sobre irregularidades de 162 elementos de la Policía Nacional, entre quienes aparecen el director general, comisionados, subcomisionados y comisarios. De igual forma, remitió 36 expedientes a la Secretaría de Seguridad para aplicar la ley a 134 elementos, entre ellos oficiales de la escala superior.
Lo cierto es que, hasta ahora, no aparece por ningún lado la suficiente y clara voluntad para apartar de la institución policial a aquellos oficiales y agentes ligados al crimen organizado y a la delincuencia en general, pues también se les ha ligado al sicariato, asaltos, tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, etc.
