La pedagoga estadounidense Erin Murphy Graham, de la Universidad de California, Berkeley, tras investigar in situ el actual sistema educativo nacional, ha concluido que el mismo está agotado y desfasado, tanto por las metodologías utilizadas para el proceso enseñanza-aprendizaje como por los contenidos ya totalmente irrelevantes para las necesidades y demandas que exige nuestra sociedad para intentar superar el agobiante subdesarrollo que nos asfixia, agravado por la carencia de oportunidades equitativas y las enormes disparidades en ingresos percibidos por la mayoría de la población.
Esta crisis paradigmática no solo está confinada a los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, la nación más rica y poderosa del mundo, se ha ido quedando a la zaga en la formación de su niñez y juventud, al punto que hoy son naciones como Finlandia y Corea del Sur las que se ubican en los primeros rangos por la excelencia de sus respectivos sistemas y políticas educativas.
Tanto el Estado, por medio de la Secretaría de Educación, la UNAH y la Pedagógica, así como la empresa privada y los organismos internacionales, al igual que la sociedad civil por medio del Foro Nacional de Convergencia, han comisionado, en distintas épocas, estudios analíticos que han buscado tanto indagar las causales del acelerado deterioro como presentar propuestas para superarlo.
Ello ha implicado asignar recursos humanos y económicos cuantiosos para detectar dolencias y ofrecer alternativas. Aun así, es evidente que distintos factores se conjugan para minar cualquier intento de reforma, desde la corrupción al interior de las dirigencias magisteriales y de cierto sector de la burocracia oficial hasta la deserción estudiantil en los distintos niveles, pasando por los paros crónicos y “asambleas informativas” ordenadas por quienes controlan los colegios magisteriales y la no suficiente participación de madres y padres de familia en la formación moral y académica de sus hijos (as).
No se trata de asignar cuotas de responsabilidad a un solo sector. Tal como concluye la doctora Graham, “toda la sociedad es responsable”, incluyendo a los políticos que de manera abusiva intervienen en nombramientos, traslados, ascensos de mentores, desnaturalizando así el sistema de méritos y concursos.
Actualmente la Secretaría de Educación está dirigida por un compatriota que posee suficiente experiencia pedagógica y adecuada dosis de voluntad política para hacer frente al cúmulo de irregularidades y deformaciones que agobian a la totalidad del modelo aún vigente. Sus actuaciones y desempeños, al igual que los de la rectora Julieta Castellanos al frente del alma máter, han merecido el reconocimiento público, y los primeros frutos positivos ya son visibles.
Lejos de combatirlos, merecen ser respaldados por la nación, esperando que, en el mediano plazo, Honduras alcance una educación de calidad, y que los compatriotas pueden beneficiarse de este derecho constitucional, con una educación de calidad, relevante y pertinente.
