Las Naciones Unidas han anunciado una iniciativa que busca involucrar al sector privado en el combate a la corrupción, reconociendo que esta “tiene un impacto descomunal sobre las comunidades pobres y un efecto corrosivo sobre las sociedades en todo el globo”, según ha dicho el director ejecutivo de la Oficina contra las Drogas y el Crimen.
También indicó que “es vital motivar a la comunidad de negocios a involucrarse en la lucha contra la corrupción y tomar acciones para promover la integridad”. Con ese objetivo, las Naciones Unidas están lanzando la iniciativa Integrity Initial Public Offering (IPO), con el propósito obtener contribuciones económicas de empresas privadas en todo el mundo para apoyar la creación de una legislación anticorrupción y fortalecer las instituciones en los países en desarrollo.
En contraste con las preocupaciones e iniciativa anterior, en nuestro país lo que estamos viendo es una profundización en el resquebrajamiento de los principios y valores, el debilitamiento y la ineficacia de las instituciones y un avance continuo de la corrupción y la impunidad.
Para muestra, las recientes declaraciones de la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas indicando que el sistema judicial y la enorme cantidad de funcionarios corruptos en el gobierno se han convertido en una piedra en el zapato en las acciones investigativas tendientes a deducir responsabilidades por actos de corrupción.
En forma similar se ha expresado el fiscal especial contra la Corrupción, al decir con singular ironía, “Será que (los jueces) quieren que Cristo venga a declarar aquí para que nos crean una acción”. También complementó sus afirmaciones calificando de irregular, nefasto y fuera del marco legal un fallo emitido recientemente por tres magistrados de la Corte de Apelaciones.
En un país donde no existe el imperio de la ley y se tiene instituciones dominadas por los intereses políticos y particulares es muy difícil que se pueda combatir en forma efectiva y eficiente no solo la corrupción, sino que también la criminalidad en todas sus manifestaciones.
Los recientes sucesos de muertes de dos estudiantes y de un connotado crítico del narcotráfico expusieron claramente la corrupción existente en las esferas policiacas, sin que hasta la fecha, a pesar de las presiones de la sociedad, se hayan tomado decisiones concretas para una verdadera depuración y transformación de la Policía.
Cornelius Tácitus, uno de los grandes historiadores de la Antigua Roma, expresó que “En un Estado donde la corrupción abunda, las leyes deben ser muy numerosas”. Cuánta verdad existe en esta famosa frase y no solo eso, lamentablemente a nuestro país se le aplica como anillo al dedo.
En Honduras, nuestro Congreso Nacional se distingue por la aprobación de innumerables leyes que en su mayoría nunca se aplican, excepto cuando se emiten para favorecer intereses particulares o se desea perjudicar a alguien.
Frescos están en nuestras mentes los casos recientes de leyes aprobadas por los diputados y que por la presión pública tuvieron que ser posteriormente anuladas.
El leonino contrato con la firma Westport; el incremento a la tarifa aeroportuaria con la justificación de generar recursos para que un operador privado pueda construir una terminal aérea; el contrato con una empresa para la administración de la seguridad en las aduanas que conllevaba un fuerte incremento a la tasa de seguridad y por último, la ampliación de las penas que pueden ser conmutadas por pago en efectivo; paradójico en momentos en que nuestro país se ve azotado por la peor ola de criminalidad y violencia.
Pareciera que nuestros diputados no prestan ninguna atención a la discusión de las leyes que se presentan en el pleno o simplemente actúan en función de intereses, sin importarles aspectos de legalidad, idoneidad, transparencia o el bien común.
La realidad es que aunque las instituciones existan, mientras no se cambie la forma en que se seleccionan las personas que las dirigen y las que se encargan de hacer cumplir la ley, en nuestro país seguirá imperando la impunidad.
Mientras la sociedad no tome determinaciones para poner un alto a las manipulaciones de los políticos y fortalecer un andamiaje institucional, la transparencia y la rendición de cuentas, no habrá cambios en nuestro sistema, por muchas iniciativas que provengan del exterior.
