No es tiempo de callar, no es hora de lamentos, es el tiempo y la hora para defender nuestros derechos inalienables de vivir en paz, con seguridad y plena libertad”. (MVL).
La indiferencia, falta de participación y fiscalización del pueblo hondureño en los diferentes procesos de selección y nombramiento de los fiscales generales de la República y fiscales generales adjuntos ha provocado, en gran medida, el acelerado descalabro del Ministerio Público, el incremento de los horrendos crímenes y masacres, el incremento de la angustiosa inseguridad, el incremento de la intolerable corrupción y el incremento de la asfixiante impunidad.
Si los hondureños fuéramos conscientes y responsables de nuestros derechos y obligaciones, nunca hubiéramos permitido que libremente y al antojo de los malos políticos, de los corruptos, de los poderes fácticos y hasta de los delincuentes, se haga la escogencia de los candidatos y los nombramientos de los fiscales, quienes de conformidad a la ley, son los representantes y defensores de los intereses generales de nuestra sociedad, y actores principales del ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública.
Ahora más que nunca, por nuestras propias vidas y seguridad de los nuestros y por el bienestar de la nación se impone, que exijamos, estemos pendientes y hasta ejercitemos acciones, si la selección de candidatos y nombramientos de los nuevos fiscales que llevarán a cabo respectivamente, la Junta Proponente y el Congreso que Nacional, no se hacen:
1) de conformidad a la ley.
2) con total transparencia y publicidad.
3) de conformidad a los requisitos elementales de honradez, honorabilidad e idoneidad.
4) evaluando los candidatos en audiencias públicas.
5) sin que la Junta Proponente fije y garantice un procedimiento expedito para recibir, evacuar y resolver las denuncias que presenten los ciudadanos y las organizaciones en contra de los candidatos.
Ahora más que nunca, todas las organizaciones de sociedad civil, comprometidas con el proceso democrático de nuestro país, con la defensa de la Constitución y con la promoción y defensa de los derechos humanos, deben dar muestras que efectivamente cumplen con sus propias normativas, principios y objetivos, supervisando todo el proceso de escogencia de candidatos por parte de la Junta Proponente y posterior nombramiento por parte del Congreso Nacional de la República, y de ser el caso, presentar oportunamente las denuncias pertinentes, promover los recursos permitidos por la ley y recurrir a las instancias internacionales.
