La crisis humanitaria que hoy alcanza su punto culminante, conmoviendo a la humanidad, lo representa el creciente flujo de niños (as) que continúan ingresando –solos o acompañados a territorio estadounidense, en un desesperado intento por reencontrarse con familiares viviendo en esa nación.
El reverso lo constituye su deportación y retorno a sus lugares de origen, con escasas posibilidades reales de reinserción social y económica.
Este fenómeno de desplazamiento requiere –dada su magnitud, complejidad y repercusiones de políticas y estrategias multilaterales que incluyan tanto a los respectivos gobiernos de los países emisores: Guatemala, El Salvador, Honduras, México; de tránsito: México, y receptor: Estados Unidos, al igual que a organismos internacionales: Fondo Monetario, Banco Mundial; agencias especializadas de las Naciones Unidas, países amigos del Primer y Tercer Mundo, empresa privada.
Deben abordar, en comunicación y coordinación permanentes, las causas estructurales que han hecho detonar esta tragedia anclada en el pasado con proyección al presente y futuro, que se agrava con el paso del tiempo: exclusión, marginalidad, pobreza y miseria, violencia, desempleo, debilidad institucional, fragilidad de los sistemas judiciales, severas desigualdades en la percepción de ingresos, narcotráfico y crimen organizado, vulnerabilidad ambiental, entre otras.
El enfoque militarista favorecido por Washington y aún más por el Partido Republicano, que ve en los migrantes un peligro a su seguridad nacional y a su economía no es valedero, por cuanto en realidad no constituyen ningún peligro existencial. Por el contrario, abandonan sus hogares dispuestos a vender su fuerza de trabajo a cambio de remuneraciones por debajo del salario mínimo, en condiciones laborales riesgosas y extenuantes no aceptadas por los estadounidenses desempleados. Además, los migrantes cumplen con sus obligaciones legales incluyendo las tributarias.
Obligatoriamente, para intentar encontrar soluciones de largo plazo –integrales, duraderas y humanas-, debe ocurrir un replanteamiento de la legislación vigente en materia migratoria, además de la creación masiva de empleos y el acceso a la igualdad de oportunidades en Estados Unidos, México y Centroamérica.
Tal como lo advierte el politólogo y excanciller mexicano Jorge Castañeda, “ninguno de estos países tiene la capacidad de sellar sus fronteras a la entrada o a la salida. Lo único que ocurriría si accediéramos a hacer el trabajo sucio de los norteamericanos en México y en Centroamérica es más corrupción, extorsión, abusos, violaciones a derechos humanos, prostitución, etcétera”.
