EL HERALDO no solo documentó la corrupción en el Programa Nacional de Dengue, entre 2011 y 2012, sino que en esa misma investigación puso al descubierto una vasta red que sigue operando hoy todavía tanto en la Secretaría de Seguridad como en toda la administración pública.
De hecho, el periodista-investigador llegó al lugar, en pleno centro capitalino, donde se compraron las facturas falsas de los hoteles en Catacamas (Olancho) y en San Lorenzo (Valle) empleados del Programa Nacional de Dengue para poder cobrarle al Estado viáticos por giras que nunca se realizaron.
No solo compró tranquilamente facturas falsas sino que también se comprobó que la “clientela” de este centro de expendio –donde el surtido incluye hoteles de todo el país— no solo proviene de la Secretaría de Seguridad sino que también de otros ministerios e instituciones públicas.
Todo esto significa que lo ocurrido en el Programa Nacional de Dengue, entre 2011 y 2012, no solo se repetía quizás en toda la administración pública sino que todavía hoy continúa sucediendo. Y que la “clientela” es tan grande y el “negocio” tan seguro, que los expendedores se pueden dar el lujo de vender estos documentos falsos en 50 lempiras cada uno.
Solo así se explica que en la caseta de un estacionamiento de la Secretaría de Seguridad, a vista, paciencia y conocimiento de todo mundo, se pueda conseguir fácilmente las facturas necesarias para “liquidar un viaje”. La tranquilidad, la eficiencia y la experiencia exhibida por el “dependiente” (en nuestro caso un guardia de seguridad) y la variedad del “producto” ofrecido nos dicen claramente que se trata de un “negocio ya establecido, consolidado”.
Todos los elementos necesarios para que esta forma de robar fondos públicos –mediante falsos viajes— pueda concretarse, ya que deben participar empleados de diversos niveles, es un claro indicio de que estamos ante una completa red de corrupción que trasciende ministerios, instituciones, oficinas y también períodos gubernamentales.
Por lo tanto, si bien es solo una de las tantas formas inventadas por los corruptos para apoderarse de fondos públicos, debe ser investigada y desmantelada por completo, descubriendo y castigando a quienes, ya sea en el pasado o en el presente, por esta vía le quitan al Estado los recursos que necesita para cumplir mejor su responsabilidad con el pueblo hondureño.
