La inestabilidad macroeconómica por la que transita nuestro país cada cierto tiempo, afectada fundamentalmente por crisis fiscales recurrentes, ha evitado que Honduras logre un crecimiento económico alto y sostenido de largo plazo, lo cual no ha permitido reducir significativamente la pobreza ni la desigualdad; esta más bien se ha vuelto más pronunciada en los últimos años.
El gobierno actual se debate ante una severa crisis fiscal acompañada de problemas de liquidez que le han impedido cumplir con sus compromisos. Debido a esto los empleados públicos, las instituciones que reciben transferencias, los contratistas y proveedores de bienes y servicios se encuentran a su vez confrontando serios problemas de liquidez, que les impide a unos atender sus necesidades económicas básicas y a otros cumplir con sus compromisos. De persistir esta situación, llegará también a afectar al sistema financiero, que es el que ha otorgado financiamiento a muchas de estas personas naturales y jurídicas, generando una fuente adicional de inestabilidad.
Los déficits fiscales del Gobierno Central durante los años 2010 al 2012 han sido de 4.8%, 4.6% y 6.0% del PIB respectivamente, los que al no poder financiarse con recursos externos han provocado una explosión en la deuda interna que ha pasado de 22,988 millones de lempiras en 2009 a L. 54,330 millones en 2012, provocando una tendencia alcista en las tasas de interés domésticas, que vendrá a afectar la actividad económica del sector privado. Estos déficits se han generado a pesar del crecimiento experimentado por los ingresos tributarios de 8.5% en 2010, 16% en 2011 y 12% en 2012. En otras palabras, los déficits provienen de la presión del crecimiento del gasto del gobierno y especialmente el gasto corriente.
Enfrentado a la problemática fiscal, el gobierno ha convocado a diversos sectores a socializar un pacto fiscal. Sin embargo, el interés del gobierno es simplemente generar más ingresos para resolver su problema coyuntural, en lugar de promover cambios estructurales que eviten la recurrencia de estos problemas fiscales. Lo que el país necesita es un pacto fiscal para el desarrollo, para alcanzar un crecimiento económico equitativo por un largo período de tiempo dentro de un marco fiscal responsable y enmarcado dentro de la Visión de País (2010-2038). Si únicamente nos concretamos a darle más ingresos al gobierno sin lograr transformaciones estructurales, nuestro país seguirá padeciendo de los mismos males, siempre agudizados en años electorales.
Dentro del concepto anterior, creemos que los objetivos del pacto deberían ser los siguientes: 1. Fortalecimiento institucional: independencia efectiva entre los poderes del Estado, cumplimiento de la ley, audiencias públicas para seleccionar a los funcionarios de los organismos contralores y principales ejecutivos de las instituciones y empresas públicas; profesionalización del servidor público; política y acciones puntuales para combatir la corrupción y la impunidad; reducción de trámites burocráticos y uso de la tecnología para la mayor parte de estos. 2. El gasto público: una política del gasto público focalizada en programas de beneficio para las mayorías en los sectores de seguridad, educación, salud y vivienda; política salarial integral; reducción del tamaño del gobierno; política transparente de subsidios como una asistencia temporal hacia los que realmente lo necesitan y acorde a la capacidad financiera del Estado. 3. Ingresos fiscales: fortalecimiento de los ingresos tributarios a través de la ampliación de base y reformas en los impuestos directos e indirectos, con progresividad del sistema; redefinición de los niveles de exoneraciones y exenciones; profesionalización de la administración tributaria; combate a la evasión y al contrabando. 4. Metas: límites máximos de déficit fiscal y de endeudamiento externo e interno con relación al PIB; porcentaje del presupuesto dedicado al gasto corriente y a la inversión; porcentajes esperados de reducción de pobreza.
Los hondureños debemos estar conscientes que los cambios transformadores significan sacrificios de corto plazo para lograr un mejor futuro. La clase política actual solo piensa en función de las elecciones y llegar al poder para su propio beneficio y solo la sociedad, unida graníticamente, es la que podrá impulsar los cambios que el país necesita.
