Ante la recesión global que impacta -a partir del 2008- tanto al mundo desarrollado como al emergente, empobreciendo a millones de seres lanzados al desempleo y a la pérdida de conquistas sociales: salud, educación, vivienda, cultura, las respuestas gubernamentales han tendido a concentrarse en la reducción del gasto público a efecto de lograr presupuestos nacionales equilibrados que permitan reducir los montos cada vez onerosos de la deuda pública, interna y externa, a cuya amortización se destina porcentajes significativos de los ingresos.
Este conjunto de medidas, que en ocasiones incluyen presiones por la devaluación monetaria, se conocen como programas de austeridad y de ajuste estructural –favorecidos por los organismos internacionales de crédito y actualmente aplicándose, con intensidades diversas en numerosas naciones, como parte esencial de la corriente económica-política llamada Neoliberalismo.
Su impacto social, dependiendo de la intensidad y rigidez con que son puestas en práctica y cuando carecen de programas compensatorios, ha agudizado la confrontación interclases, empeorando las condiciones económicas -de suyo precarias-, de las mayorías, con un costo político traducido en votaciones de no confianza por parte del electorado, con el consiguiente relevo en las cúpulas gobernantes.
Esto ocurrió en Estados Unidos con la derrota del Partido Republicano y el ascenso del Presidente Obama al poder, y más recientemente, en Irlanda, Islandia, Holanda, Francia.
Si la puesta en marcha de modelos inflexibles y rígidos -de cualesquier signo ideológico-, resultan contraproducentes, la alternativa consiste en el pragmatismo, la heterodoxia y el funcionalismo, poniendo en práctica –de manera creativa y realista-, síntesis que combinen lo mejor de diversos sistemas e ideologías y que tomen en cuenta disposiciones aplicables a las realidades concretas de cada país, teniendo como paradigma fundamental el bien común y no el privilegio clasista.
En ello radica la visión y misión de un genuino estadista: en incluir tanto la democracia política como la social, priorizando la inclusión y la participación, el diálogo y el consenso, la consulta periódica mediante el plebiscito y el referéndum, con capacidad para saber escuchar y reconocer cuando ha errado para así poder emprender honrosas rectificaciones y cambios de rumbo, con mentalidad a la vez amplia y receptiva.
