La historia nos enseña que la mayoría de los pueblos han sufrido del abuso de autoridad de sus gobernantes. Situaciones como la promulgación de impuestos abusivos en la época feudal y la dominación española sobre las poblaciones indígenas de América, para citar un par de ejemplos, provocaron el surgimiento de movimientos populares en contra de las acciones abusivas del gobierno. Esto permitió a las diferentes sociedades darse cuenta de que el poder en manos de una sola persona o grupo no era conveniente. La preservación de la libertad individual va relacionada con la división de poderes. La libertad política debe ser entendida como la protección contra el poder arbitrario y despótico.
A mediados del siglo XVIII, Europa era gobernada en su mayoría por monarquías absolutas y hereditarias caracterizadas por mantener a los pueblos bajo un sistema de opresión, lo que dio lugar a que en 1789 diera inicio la revolución francesa para crear posteriormente la República Francesa. Este hecho permitió a otros países -México entre ellos, que en esa época era un virreinato español- conocer otros tipos de gobierno más favorables para el pueblo.
En una democracia El Poder Ejecutivo es responsable de la gestión diaria del Estado. Elaborar y modificar las leyes es tarea del Poder Legislativo escuchando la opinión de los ciudadanos, mientras que interpretarlas y aplicarlas es tarea del poder judicial. Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, pensador político francés propuso en su célebre libro “El espíritu de las leyes”, que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes, para que el poder se autocontrole, a fin de evitar la tiranía o sea lo que en estos tiempos denominamos bajo un sistema de pesos y contrapesos.
Nuestra Constitución de la República muy sabiamente establece en su artículo 4 que el gobierno en Honduras se ejerce por tres poderes complementarios e independientes entre sí y sin relaciones de subordinación. Igualmente en su artículo 5 indica que el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa con el fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional.
En las elecciones generales del pasado mes de noviembre el pueblo hondureño, con sus votos, decidió que el partido ganador de las elecciones presidenciales no contara con una mayoría en el Congreso Nacional, dándole una representación del 39% a dos partidos emergentes y 21% al otro adversario tradicional. Con relación a esto se han vertido muchas opiniones, tanto de los políticos como de los analistas políticos, sobre como afectara esta configuración el funcionamiento del Congreso Nacional. Por su parte, dos partidos emergentes han sellado una alianza para hacer oposición y el otro partido tradicional ha manifestado que no hará alianza alguna, pero que también se convertirá en oposición. El partido de gobierno acostumbrado al control absoluto del Congreso Nacional y a métodos no muy ortodoxos en la discusión y aprobación de leyes, considera que esto afectara la gobernabilidad del país.
La Constitución de la República manda que los poderes del Estado sean complementarios, asumiendo que las decisiones que se tomen serán para beneficio del país y de sus ciudadanos. En este sentido, una oposición destructiva que se oponga a todo no será de beneficio y los afectados serán los hondureños, especialmente las grandes mayorías pobres. En nuestro criterio, no se necesitan alianzas de ninguna clase, lo que se debe lograr es que los diputados actúen bajo principios de honestidad, transparencia y del bien común. En varias encuestas realizadas, la opinión de los hondureños sobre el Congreso Nacional es ampliamente negativa y esto debería motivar a los nuevos diputados a un cambio en su forma de actuar.
El Partido Liberal puede jugar un papel equilibrador para lograr que el sistema de pesos y contrapesos funcione al interior del Congreso Nacional, apoyando todas aquellas iniciativas que propendan al desarrollo económico y social y rechazando las imposiciones y aquellas propuestas de ley que claramente buscan beneficiar a grupos económicos, grupos de interés y a la misma casta política. Actuando en esta forma, este partido podrá recuperar la credibilidad de los hondureños y volver a constituirse en una de las dos fuerzas políticas de Honduras, como una vez lo fuera.