El pueblo hondureño está contento por las acciones tomadas por el presidente Lobo Sosa, orientadas a proteger al consumidor de los altos precios de los alimentos de la canasta básica, a causa de las burdas maniobras especulativas.
Pero su lucha debe ser respaldada por un excelente equipo institucional que le aporte informaciones basadas en pesquisas científicas y técnicas, administrativas y legales orientadas a ese objetivo. Proteger el dinero de las familias es bueno, pero además se debe proteger su salud y del fraude en las pesas y medidas y en la adulteración de los alimentos y de los otros productos que se utilizan en los hogares.
Si las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema agrícola desconocen los costos reales en las diferentes etapas de producción de un producto y asumen los que les brindan los productores, difícilmente pueden determinar márgenes de utilidad de cada actividad y menos establecer precios, así es imposible proteger al consumidor final, aunque formen batallones de inspectores para protegerlos de las alzas de precios, porque existe el desconocimiento y este escenario llevaría a errores que pueden revertirse al Estado. Claro está, es necesario proteger el aparato productivo, pero hay que blindar al consumidor de los precios altos por los abusos del detallista, del intermediario y de la agroindustria bajo el concepto de libre empresa.
La pregunta vital surge entonces, ¿cuál es el margen de utilidad para los productos alimentarios o de la canasta básica? ¿Es abierto? ¿Existen límites? 20, 30 40, 100, 200, 600 1,000%. ¿Cuál es el margen de utilidad permisiva por el gobierno? Basta de libertinaje.
Si desconocemos los volúmenes de importaciones y exportaciones de productos agrícolas, las reservas, las áreas reales de cultivos específicos, cantidad y calidad de ganados y sus producciones, difícilmente podemos conocer las proyecciones en tiempos normales y adversos por la naturaleza, por lo que este desconocimiento permite que los especuladores pongan sus reglas del juego, perjudicando todo un sistema que va desde lo económico, la seguridad alimentaria, la inestabilidad democrática, pudiendo en algunos casos llegar hasta una desestabilización gubernamental.
En cuanto a las alzas de precios y la protección del consumidor, las decisiones al respecto no son fáciles ni deben tomarse a la ligera, por el simple antojo de un gran empresario, mayorista o minorista.
Es cierto, la oferta y demanda juegan un papel determinante en la fijación de precios, pero si el gobierno quiere realmente proteger la economía del consumidor debe normar hacia el establecimiento de las márgenes de ganancias para la sostenibilidad de las empresas con equidad y no abusar y lesionar las raquíticas economías de las familias catrachas.
No está de más ser repetitivo: los costos de producción y los precios de los alimentos son tema de continua actualidad, afectan directamente a los productores agrícolas y a las familias quienes no dejarán de comprar y consumirlos, de lo contrario mueren. Pobres de los pobres que no puedan adquirirlos, morirán irremediablemente, a menos que los programas sociales del gobierno y de otros países o de orden mundial como la FAO-ONU les provean comida.
Otro factor que permite el acaparamiento, la escasez, el alza de precios de los alimentos, y por consiguiente la especulación, es el carecer de créditos oportunos. El Estado debe identificar a los productores agrícolas que reciben financiamiento de intermediarios nacionales y extranjeros y evitar así que los acaparen o se los lleven a otro país, sin ninguna fiscalización gubernamental relacionada con la soberanía alimentaria. El gobierno, en lo posible y en casos especiales, debe asumir el crédito agrícola.
Mientras en Honduras no se imponga e impere el orden, el respeto a las leyes y se anule el favoritismo distorsionado a la libre empresa para darle cabida a las reglas claras, equidad y transparencia, el consumidor nunca estará protegido.
Presidente Lobo, el pueblo lo apoya para hacer cambios a favor de la economía familiar.
