Looks de temporada
Qué bien que en medio de tanta ineficiencia y violaciones a los derechos humanos más elementales, incluyendo el derecho a la vida, el Gobierno hondureño esté pensando en liberar unos mil reos que sufren graves problemas de salud o por su avanzada edad.
Y es que, irónicamente, mientras se acusa a los “operadores” de justicia de no disminuir siquiera los altos índices de impunidad que alientan la criminalidad, hay centenares de compatriotas encarcelados, muchos de ellos sin sentencia firme, que también son víctimas de enfermedades terminales, dementes y ancianos, que por razones humanitarias no deberían seguir en prisión.
Hasta allí todos estamos de acuerdo.
La cuestión es que el papel que están jugando algunas ONGs y la propia Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que preparan una ley para que, en un plazo de año y medio, sean liberados presos enfermos o muy viejos, está más orientada a exhibir una especie de humanismo gubernamental que a una acción integral para mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria.
Una de las más grandes injusticias, que exhibe de forma palmaria el desastre en nuestro sistema judicial, es el hecho de que por lo menos la mitad de los 13 mil internos en los 24 centros penales del país no han sido condenados; o sea que después de varios años en prisión todavía no se sabe si son culpables o inocentes. Mientras, la inmensa mayoría de los autores materiales e intelectuales de los miles de crímenes que aterrorizan a la ciudadanía honrada, siguen disfrutando de la más completa impunidad.
Peor aún, los que están encarcelados y ya han sido sentenciados o están a punto de concluir sus condenas, tampoco tienen acceso a programas reales de rehabilitación que les permita, una vez en libertad, reinsertarse a la sociedad, para que sean útiles a la misma y no reincidan.
Estamos totalmente de acuerdo en la iniciativa gubernamental de aprobar esa ley que favorezca a enfermos terminales y otros reos para que obtengan su libertad; pero es fundamental también que se impulsen proyectos efectivos para hacer de la rehabilitación una realidad sociológica, y no solo proselitismo religioso, y que las cárceles no sigan siendo escuelas del crimen y mucho menos centros de operación para delincuentes de toda laya.
