Se han calmado las aguas. El tema que provocó la crisis política del 2009 ha perdido notoriedad pública. La reelección presidencial fue vedada con un blindaje pétreo por la Asamblea Nacional de 1982.
La intención de los constituyentes -ha sido argumentado- fue evitar la posibilidad que se repitiera la dictadura de la década de los cuarenta y los múltiples intentos que hubo en los gobiernos siguientes. La región centroamericana vivía en esos momentos la cúspide de las revoluciones ideológicas que resultaron en guerras civiles, derrocamientos, con las consecuentes pérdidas humanas y materiales.
La década de los setenta se caracterizó por gobiernos militares y dictaduras así como movimientos revolucionarios comunistas y paramilitares. La influencia y financiamiento de los protagonistas de la guerra fría, Estados Unidos y la Unión
Soviética, fueron fundamentales para esos levantamientos. Entendiendo ese contexto político-social, fue válida la disposición parlamentaria sobre prohibir la reelección.
Treinta años adelante, es prudente reflexionar sobre la realidad actual de Honduras. Han transcurrido ocho períodos presidenciales con nueve presidentes. Con las diferencias de opinión que puedan existir, se pueden identificar a lo sumo tres de esos presidentes con semejanzas de un estadista.
“Son características de un estadista la templanza, la sabiduría y el conocimiento que aporte las experiencias requeridas para manejar eficientemente los asuntos del Estado; será siempre un líder conciliador y tratará de buscar la solución a los complejos problemas que se presenten a través del consenso.” (Mario Rodríguez, La Opinión).
Los expertos estiman que una nación requiere unos veinte años de crecimiento sostenido para poder considerarse que está saliendo del subdesarrollo. En términos prácticos, Honduras no tiene las condiciones para producir el número de estadistas requerido para salir de su subdesarrollo. Las deficiencias en salud y educación a todo nivel, la escasa formación política en la juventud, y sobre todo la fuga de cerebros a los países desarrollados están limitando de manera severa resolver esta necesidad.
El modelo actual de alternabilidad presidencial es extremadamente oneroso en todo sentido. De los cuatro años que dura el período de gobierno, según dicta la Constitución, el primero se pierde totalmente en la transición. Todo se paraliza, todo el personal entrenado con recursos del
Estado y calificado para su posición es reemplazado -con los correspondientes costos de prestaciones- por los nuevos activistas que apoyaron la campaña y que necesitan trabajo sin importar su capacidad.
El gobierno comienza a avanzar en el segundo y tercer año, después de haber ensayado con varios ministros en las secretarías claves, cada uno con su propio “giro de timón”. Y llega el cuarto año, donde todo adopta matiz electoral y de nuevo entra el aparato estatal en parálisis a la espera de la nueva administración. La mayoría de los funcionarios se vuelcan sobre las campañas políticas. Cada ciclo es un retroceso para el país y un obstáculo inmenso para su desarrollo sostenido.
El antídoto para este mal era el recién creado y ya olvidado Plan Visión de País 2010-2038. Su principal promotor fue el presidente Lobo, pero lastimosamente nació huérfano y ni su gobierno ni mucho menos los candidatos actuales están utilizando ese instrumento como el norte para sus propuestas. En la planificación y en el orden no hay posibilidad de beneficiarse ni lucrarse.
La improvisación y el desbarajuste son el medio ideal para los grandes negocios que favorecen a pocos. A nadie le interesa regirse a una camisa de fuerza.
Ya se habilitaron los mecanismos legales para la reelección. El partido de gobierno no quiso terminar la tarea por el costo político. Se ha satanizado la discusión por la manera en que lo quiso hacer “Mel” Zelaya. Pero el tema debe abrirse a discusión y comenzar a definir cuál es la mejor manera de implementarla. Debido a la escasez de recursos conviene dejar las emociones y avanzar.
