Honduras está en un estado cercano a la calamidad. Su población vive sumergida en la pobreza, la inseguridad y el desempleo. Las causas son diversas y variadas, pero con significativa inclinación a la falta de solidez institucional estatal, una generalizada corrupción y la preponderante impunidad. En plena campaña electoral, esta problemática se convierte en una plataforma idónea para que los candidatos prometan que todo cambiará una vez sean favorecidos. Ojalá no estén gastando fortunas en encuestas y asesores internacionales para identificar “qué necesita el pueblo”. Cualquier ciudadano común y corriente puede contestar esa pregunta.
¿Cómo financiarán su gobierno? Esta es la pregunta clave que verdaderamente requiere una respuesta concreta y sólida. El país se encuentra en la peor crisis fiscal de su vida democrática reciente. Cada mes, las finanzas públicas agonizan para cumplir con sus acreedores. La DEI sigue incumpliendo sus metas de recaudación. Al cierre del primer semestre de 2013, apenas se ha logrado un 88% de lo requerido, lo que agravará el déficit fiscal. Sin embargo, los ingresos por recaudación de impuestos han crecido en el mismo periodo 29% en relación al 2010, lo que refleja que los “paquetazos” fiscales han cumplido su objetivo. El gasto corriente crece a niveles alarmantes, con más ministerios, más bonos, más burocracia y más latrocinio. Nunca se logrará cerrar la brecha de ingresos y egresos sin una reducción significativa del aparato gubernamental. Todo lo que no cubren los ingresos nacionales se está resolviendo con deuda pública, la peor herencia que se les puede dejar a las nuevas generaciones.
Dada lo complejidad que contiene el tema macroeconómico de la nación, es imperativo que los candidatos presidenciales presenten su plan de gobierno para manejar esta crisis. Ninguno de ellos tiene la salvedad, de llegar a ser electos por el pueblo, de comenzar a gobernar sin una ruta establecida. No se le debe permitir que mediocremente culpen al gobierno actual de que dejaron vacías las arcas del Estado. A quien el pueblo favorezca con su voto, debe tener claro que fue electo para resolver, no para anunciar lo que hoy se conoce a leguas. El plan debe establecer desde ahora cómo se resolverá el problema del déficit: con más impuestos, con una devaluación más acelerada, con despidos de empleados públicos para reducir el gasto público, o con lograr firmar un acuerdo con el FMI. Con la nueva dinámica partidaria que ha incrementado a nueve partidos políticos la elección de diputados, el nuevo Congreso Nacional podría no obtener una mayoría del partido que gane la banda presidencial. Eso presionaría la gobernabilidad del país y la ejecución de todas estas medidas que no se pueden evitar. Nada fácil le espera al nuevo presidente de Honduras.
La economía hoy sufre por falta de inversión pública y privada. Estos últimos gobiernos se han caracterizado por evidenciar que no existen reglas claras y consistentes en el país. La percepción de que existe protección jurídica a la inversión ha sido comprometida severamente. ¿Qué logros tuvo la famosa revisión de las exoneraciones? Trascendentales y de beneficio real para el ciudadano común, ninguno. Pero alertaron a todas las empresas que en Honduras cualquiera puede publicar información confidencial que ha sido debidamente autorizada por las autoridades pertinentes, con clara intención de difamar públicamente. El Poder Ejecutivo ha caído en tal nivel de desesperación por la situación financiera que ya no mide las consecuencias.
Todos prometen entregar un nuevo amanecer a los hondureños. No habrá más corrupción, habrá medicinas, trabajo y seguridad. ¿Cómo?
Después de tanta decepción, se debe exigir propuestas concretas y una verdadera rendición de cuentas. Se esperan debates de altura. Se debe escrutar a los candidatos en su pasado, en su capacidad y en su integridad. Si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, se obtendrán los mismos resultados.
