Aunque el libertinaje del mercado, como ya se demostró con la crisis financiera que estalló en 2008 en Estados Unidos, es un peligro tanto para las naciones como para los pueblos, el exceso de intervención del Estado en las actividades económicas también ha demostrado hasta la saciedad que resulta contraproducente y nocivo.
Los gobiernos, principalmente los más autoritarios o aquellos que no encuentran una salida a sus propias crisis, pretenden solucionar no solo los problemas económicos, por la vía del decreto, como aquellos que reduciendo la edad punible, incrementando las penas o formando nuevos grupos policiales, aparentan enfrentar la inseguridad, que es culpa de sus deficiencias e ineptitudes.
Un ejemplo de ese estilo de gobierno desesperado lo están continuando en estos momentos los herederos de Hugo Chávez, encabezados por el presidente Nicolás Maduro. Y es que ante el empeoramiento de la crisis económica del país petrolero y la proximidad de las elecciones municipales del 8 de diciembre, que son un verdadero plebiscito para su gobierno, Maduro recurre también al facilismo de imponer “precios justos” y hasta anunciar que ejercerá control sobre el porcentaje de ganancias que obtengan comerciantes y productores.
Comenzó el pasado fin de semana con la intervención de varias tiendas de electrodomésticos, en los que se produjo hasta saqueos y largas filas de compradores; pero ya desde antes de que la Asamblea Nacional le entregue a Maduro (posiblemente el próximo martes) la Ley Habilitante, que le permitirá legislar por decreto, se ha anunciado que se extenderá a todos los bienes y servicios.
De hecho, la versión digital del diario El Universal, de Caracas, citaba ayer un tuit del ministro de Comercio, Alejandro Fleming, que anunciaba que la cadena de ferreterías EPA deberá “bajar precios en 70% a nivel nacional”. Para la oposición derechista, el gobierno chavista solo “busca asfixiar y perseguir económicamente a la disidencia venezolana”.
Más allá de las consideraciones, conveniencias y estrategias políticas que pudieran ocultarse en la crisis venezolana y su pretendida solución, el intervencionismo estatal de la economía no hará más que empeorarlo todo.
