El pasado mes de julio la Alta Representante de la UE para la PESC, Catherine Ashton, presentó en el Consejo de Asuntos Exteriores un informe sobre cómo avanzar en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), aprovechando las nuevas herramientas que el Tratado de Lisboa ofrece para hacer más eficaz la acción exterior de la Unión. En el informe se exponía la necesidad de crear un Cuartel General permanente de nivel Operacional (OHQ) para el planeamiento y conducción de las operaciones militares que el Consejo Europeo decida lanzar. Esa idea está en consonancia con el informe de mayo de 2010 de un grupo de expertos sobre el futuro de la UE en el horizonte de 2030, en el que se afirma que 'es necesario crear un Estado Mayor Europeo realmente operativo y dotado de personal suficiente, encargado de planificar, desplegar y supervisar las operaciones civiles y militares en el exterior'.
La propuesta provocó la inmediata reacción en contra del ministro británico de Exteriores, William Hague, algo que era de esperar ya que Reino Unido siempre ha considerado este tema como una línea roja. Los argumentos van desde que ese OHQ supondría un derroche económico, al duplicar estructuras ya existentes en la OTAN y en los Estados miembros, hasta los sostenidos por los más furibundos euroescépticos tories, que afirman que minaría la soberanía nacional y debilitaría la cooperación trasatlántica en temas de seguridad. Se recuperan así los postulados de Margaret Thatcher, que en 2002 escribía que 'el impulso hacia una defensa europea separada es más político que militar y, al proceder de Francia, tiene como objetivo rivalizar con una OTAN liderada por EE UU, en lugar de colaborar con ella'.
Según esa postura, por tanto, cuando la UE estima que sus intereses de seguridad están en juego, y decide ejecutar una operación militar para salvaguardarlos, debería solicitar a la OTAN la utilización de sus capacidades de planeamiento y conducción, haciendo uso de los acuerdos 'Berlín +' de marzo de 2003. Esto deja la aprobación final en manos de los aliados estadounidenses, que en ocasiones no compartirán la visión de la Unión para la gestión de una crisis concreta, o de Turquía, que no ha dudado en el pasado en usar su condición de miembro de la OTAN para entorpecer las relaciones de seguridad con la Unión, en lo que considera una justa respuesta a la falta de avances en el proceso negociador para su entrada en la UE.
De hecho, si ya las negociaciones de los citados acuerdos 'Berlín +' se prolongaron tres años por la rivalidad entre Turquía y Grecia, la entrada en 2004 de Chipre en la UE ha supuesto la paralización práctica de la cooperación a nivel político-estratégico entre la OTAN y la UE. Como es bien sabido, Turquía invadió la isla en 1974 y apoyó la proclamación de una 'República Turca' en su tercio norte. En consecuencia, cuando en 1994 la OTAN creo su Asociación por la Paz Chipre no se sumó a la iniciativa, lo que implica que este país se deba ausentar de cualquier reunión UE-OTAN en la que se traten operaciones PCSD desarrolladas con medios y capacidades de la Alianza, algo inaceptable para la Unión.
Por ello, solo dos operaciones de la UE se han desarrollado en el marco de 'Berlín +': Concordia en la República de Macedonia y Althea en Bosnia-Herzegovina, ambas anteriores a 2004. Cabe añadir que en el caso de Althea la fase de planeamiento se prolongó nada menos que seis meses, ante las continuas peticiones de información por parte de Turquía y la amenaza de veto de ese país en el Consejo del Atlántico Norte.
