Ese es el contenido de una de las tantas pancartas exhibidas en la multitudinaria marcha cívica realizada el pasado 9 de junio en Tegucigalpa, que congregó a compatriotas de diversa procedencia geográfica y extracción socioeconómica: de tierra adentro, de la capital, indígenas, sindicalistas, jubilados, campesinos, sectores medios, colegiales y universitarios, unidos todos en torno a una actitud y un sentimiento compartidos: rechazo incondicional a la corrupción y a su hermana gemela, la impunidad, delitos jurídicos y males socioculturales que condenan a Honduras a una creciente pobreza material y espiritual, a una profunda crisis de valores en que los referentes éticos se han perdido ante la ausencia de personajes en los cuales se pueda confiar el destino del país, a una peligrosa combinación de conformismo, apatía e indiferencia ante quienes -de mil y un maneras- practican las infinitas modalidades del cohecho y la corrupción: desde el saqueo y despojo de los recursos naturales (bosques, tierras, aguas) hasta el tráfico de influencias, desde el abuso de poder hasta el acoso sexual, desde la venta de la nacionalidad al mejor postor hasta el tráfico de plazas magisteriales.
Recuérdese que los actores de la corrupción no solo incluyen a funcionarios públicos, también a empresarios, religiosos, comunicadores, acostumbrados al soborno, a la evasión en el pago de impuestos, al contrabando, a tolerar y/o practicar actos inmorales, a la deformación noticiosa y al chantaje.
Así, la corrupción contribuye decisivamente a la creación de violencia estatal y privada, las que combinadas generan una mezcla explosiva que va acumulando indignación, rencor, clamor por justicia efectiva y equitativa, en tanto un proceso paralelo acompaña esta tendencia: la creciente concentración de la riqueza y las oportunidades en muy reducidos círculos hegemónicos, con una diferenciación clasista y una exclusión social cada vez más evidentes.
Fue reconfortante el presenciar como miles de hondureñas (os) -mediante su presencia en las calles y su convergencia en la plaza Central- manifestaron su repudio a la corrupción y la impunidad, acto exitosamente coordinado por el Consejo Nacional Anticorrupción, ente que en fechas recientes también mostraba señales de arbitrariedad y autoritarismo, afortunadamente ya superados y que ha logrado reencontrar su visión y misión.
El CNA, conjuntamente con la Alianza para el Fortalecimiento de la Democracia, también ha entregado al Tribunal Supremo Electoral propuestas para mejorar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en temáticas puntuales: campaña electoral, patrimonio y régimen financiero de los partidos políticos, práctica de elecciones, igualdad de oportunidades, transmisión de resultados y justicia electoral.
Oportuna iniciativa ya que la clase política tradicionalmente ha condicionado el quehacer cívico a sus particulares conveniencias, en que la conquista del poder es percibido como un botín a repartir entre los vencedores y sus clientelas, práctica esencial y funesta de la corrupción a gran escala.
