La aplicación, a regañadientes y a conveniencia, por parte de la DEI del artículo 22 del decreto 140-2008, publicado en La Gaceta 31,780 del 6 de diciembre de 2008, relacionado con el incremento quinquenal y automático de la base exenta del Impuesto Sobre la Renta, en vez de alegrar ha causado malestar entre los asalariados.
Y es que resulta que el artículo 22 del mencionado decreto reza que “el valor exento de esta escala será ajustado automáticamente cada cinco años, contados a partir del año 2010, con referencia al Índice de Precios al Consumidor del Banco Central de Honduras”.
Aunque lo anterior significa que el decreto entró en vigencia el pasado 1 de enero, fue necesario que la diputada pinuista Doris Gutiérrez le hiciera el recordatorio y otros sectores empezaran a presionar para que la titular de la DEI, apenas la semana anterior, hiciera el esperado anuncio.
Sin embargo, el hecho de que el incremento a la base exenta fue de solo 6,402 lempiras, porque la DEI lo calculó tomando en cuenta solo el 5.82% del aumento a la inflación del 2014, ha sido considerado por muchos sectores como una burla ya que se esperaba que lo fuera con base en la inflación acumulada de los cinco años, que fue de 27.7%. Diputados, exfuncionarios y analistas coinciden en que es esto último lo que representa el espíritu de la ley.
Cuando se aprobó la reforma, la intención era reconocer la inflación acumulada en el quinquenio 2010-2014, que es la forma correcta de medir la pérdida del poder de compra, señaló a EL HERALDO el diputado liberal Alfredo Saavedra, quien se desempeñaba como secretario del Congreso Nacional cuando se aprobó la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 2008, en lo que coincidió un exsecretario de Finanzas porque “el objetivo de la reforma es que el ajuste a la base exenta se haga con la inflación acumulada”.
Además, si el alza a la base exenta se hace tomando en cuenta la inflación acumulada en los pasados cinco años, que es del 27.7%, el aumento sería de 30,470 lempiras, una cantidad todavía muy inferior a los 40,000 aprobados en 2008 y vigentes desde el 1 de enero de 2009.
Si las autoridades de la DEI tenían dudas sobre la correcta aplicación del mencionado decreto, simplemente hubieran pedido una interpretación al Congreso Nacional. Esperemos pues que ahora ese poder del Estado haga lo que le corresponde tanto para hacer respetar el espíritu de la ley como para que no se concrete otra burla a los asalariados, que también enfrentan los estragos de la devaluación real, de la depreciación del lempira y de los bajos y congelados salarios.
