Aunque Honduras tiene actualmente problemas mucho más urgentes que atender -como la inseguridad y la crisis socioeconómica- la clase política demuestra una vez más su capacidad de prestidigitación al atraer la atención sobre un asunto necesario, pero que requiere de auténtico debate, fuera de los ruidosos períodos de campaña electoral: crear un mecanismo para la aplicación en Honduras del juicio político.
Pero ya que, el presidente del Congreso Nacional y los diputados que siguen a pie juntillas sus directrices lo tienen como una prioridad, lo menos que debiera esperarse es un debate más abierto, no solo en “misas negras”, en conciliábulos entre las camarillas de siempre, que -tengámoslo presente- son las mismas que han hecho de Honduras un país pobre, subdesarrollado, con altos índices de corrupción, impunidad y paralizante inseguridad.
Muchos creen que este tema es de tal magnitud que la decisión de implementarlo no debieran tomarla los políticos, sino la nación entera, mediante un plebiscito, lo que a su vez generaría un debate nacional del cual podría extraerse incluso una modalidad consensuada por todos.
Es cierto que tras los traumáticos y disruptivos acontecimientos de 2009 quedó al descubierto la necesidad de que Honduras cuente con un mecanismo legal que permita destituir a un Presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o cualquier otra alta autoridad civil o militar, ya sea por mala gestión, violación constitucional o la comisión de delitos. Pero más bien es un riesgo de mayores problemas futuros, si quienes deciden ese delicado proceso y sus alcances son un grupito de políticos que no miran más allá de las próximas elecciones.
Para el caso, el comportamiento mismo de esta legislatura en la que el oficialismo actúa como una aplanadora, sin mayor oposición, y en la que se han aprobado o intentado aprobar disposiciones lesivas para los intereses de las grandes mayorías, es un claro indicativo de la conveniencia de buscar mecanismos más democráticos, en el que participe todo el pueblo, para tomar decisiones de tanta trascendencia para la democracia y la gobernabilidad.
Pero al final, si la aplanadora oficialista insiste en lo del juicio político, debiera al menos masificar el debate, llevarlo a los más diversos sectores, a fin de que se tome la decisión menos dañina para el pueblo y que se busque la modalidad y los alcances que más le convengan a este empobrecido, subdesarrollado y desprestigiado país.
