Más allá de lo irracional que resulta y del trasfondo político-gremial implícito, el formal reclamo de una organización magisterial ante la Secretaría de Educación para que pague a los docentes 55 mil millones de lempiras que alega se les debe, está dentro del marco legal que nos rige –y debe ser respondido en 60 días por la Secretaría de Educación–, pero también es un recordatorio de que los beneficios salariales contenidos en el Estatuto del Docente están absolutamente por encima de la capacidad de un país pobre como Honduras.
La cuestión es que el gobierno no puede hacer efectivo, con la puntualidad que corresponde, ni siquiera los pagos mensuales actuales, menos podría hacerlo si se hubieran aumentado los salarios como lo señala la ley del Estatuto del Docente. Y ni pensar siquiera en compensar los 25 mil millones en salarios y otras canonjías dejados de percibir por los maestros y los 33 mil millones de intereses, incluidos en las cuentas del Sinprodoh.
El punto es que desde hace muchos años, con énfasis especial en el gobierno de Ricardo Maduro, se viene mostrando con cifras que el Estatuto del Docente, aprobado en 1997, es incumplible para un país como el nuestro. Peor con el desorden administrativo existente.
Pero hasta ahora, nadie se atreve a tomar el toro por los cuernos –por miedo al costo político, pues fue la ambición a los votos lo que llevó a su aprobación– y procurar formalmente una revisión del Estatuto del Docente. Hoy, una dirigencia magisterial politizada e ideologizada trata de usarlo como estrategia de lucha y también para distraer la atención a los esfuerzos del actual ministro para adecentar el sistema.
La cuestión es que mientras no se tome una decisión, el problema seguirá creciendo cada día más.
Ahora, la misma cantidad solicitada por el Sinprodoh, que representa más del doble del presupuesto anual dedicado a Educación, sirve para exhibir, quizás de forma más dramática, lo que ya se sabe desde hace tiempo: no hay capacidad para pagar los beneficios salariales para los maestros contenidos en el Estatuto del Docente.
Por otro lado, debe impedirse, ya y por todos los medios a disposición del Estado, que esta irracional petición se convierta en la base de una nueva bandera de lucha de ese otro poder nacional: el magisterio.
