Ambos vocablos incluyen dos dimensiones: la social y la política. Honduras posee una deuda acumulada históricamente que, con el curso del tiempo, al no ser satisfecha a plenitud, ha ido agravando la calidad de vida y las aspiraciones democratizadoras de las mayorías.
Así ha prevalecido la marginalidad y la discriminación, lo que milita en contra de la aspiración por una sociedad y un Estado moderno, democrático, que permita y estimule la participación ciudadana en la forja de un país integrado, con desarrollo humano y crecimiento económico, en el que la toma de las grandes decisiones sea producto del diálogo y el consenso permanentes.
La tendencia mundial es transitar de una democracia representativa a una participativa, incluyente, “basada en el principio de que el poder político se distribuye y comparte de diversas formas para proteger a las minorías y para garantizar la participación y la libre expresión de todos los ciudadanos… tratando de lograr el consenso y la inclusión, no mediante la fuerza electoral… de la mayoría”. (PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2.002, p. 166).
Estas reflexiones vienen al caso, ya que el Tribunal Supremo Electoral falló en contra, por segunda vez, de la inscripción del Movimiento de Acción Social (MAS), partido político en formación.
El TSE ha declarado sin lugar el escrito más reciente presentado en que se solicitaba plazo hasta el 30 de abril del corriente año para cumplir con la totalidad de los requisitos contemplados en el Reglamento de Inscripción.
La negativa se fundamenta en que el 14 de julio de 2011 el alto tribunal estableció que el año político comenzaba después de la declaratoria a elecciones y que dicha resolución fue ratificada el 5 de octubre del año recién finalizado.
Sería muy oportuno que el TSE amplíe el período de inscripción, a efecto de que tanto el MAS como otras agrupaciones embrionarias que desean participar en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales puedan hacerlo, lo que mostrará la flexibilidad del organismo electoral, en el entendido de que la incorporación jurídica de la mayor cantidad posible de actores políticos fortalece al sistema en vez de debilitarlo.
Es un hecho que la ciudadanía desea manifestar su voluntad y sus pretensiones bajo un sistema multipartidista, ante el agotamiento ideológico de los partidos históricos, lo que impulsa a los votantes a buscar organizaciones inéditas que permitan canalizar sus crecientes demandas.
Así, en un futuro cercano deberán ser las coaliciones partidarias las que serán requeridas para poder gobernar en un marco cada vez más amplio y, por tanto, cada vez más democrático.
