Recientemente participamos en la reunión mensual de la Red de Agua y Saneamiento de Honduras (Rashon). Tras “bambalinas” analizábamos con otros compañeros temas como el de la efectividad de la descentralización de los sistemas de agua y de la necesidad de rescate de prácticas del pasado en la atención de las necesidades rurales.
En el primer caso y en el ámbito urbano, la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento posibilita a 298 alcaldías municipales desarrollar nuevos esquemas de gestión y entre ellas los temas de administración, operación y mantenimiento mediante la desconcentración municipal de los sistemas.
Otra cosa es la entrega de los sistemas de agua del SANAA a las municipalidades, que solo quedan 13, y mientras se demuestra que la descentralización de estos sistemas, en general mayores, será mejor administrado por las municipalidades respectivas. Sistemas que son los que sostienen la operatividad de esta institución al no existir un renglón presupuestario suficiente para apoyo sectorial desde las arcas nacionales.
En el caso rural, que corresponde al segundo caso de nuestra introducción, se tiene infraestructura en el orden del 80% en comunidades arriba de 200 habitantes. Esta población en tiempos pasados era atendido por la Secretaría de Salud a través de técnicos ambientales con el conocimiento de proyectos de agua, pero también del riesgo en la salud; el cual fue detenido a raíz de la ley marco.
¿Qué hacer? Incitar al sector hídrico para que priorice estos temas de sostenibilidad de un insumo que toda la población de Honduras necesita minuto a minuto, pero que también recupere la priorización del tema agua y salud, y también de salud y ambiente.
