Así designa el documento “Cuarto informe estado de la región centroamericana en desarrollo humano sostenible 2011” a países ístmicos que, como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, contienen estados cuyos aparatos institucionales son pequeños y poseen redes institucionales precarias.
En ellos el Ejecutivo es un actor dominante que controla en forma directa el presupuesto y la dirección de la mayoría de las entidades públicas; entre los actos perpetrados contra la legalidad democrática destacan acciones deliberadas y sistemáticas del Ejecutivo para cooptar el Poder Judicial y disminuir la independencia de la jurisdicción constitucional, y la aquiescencia de las autoridades ante la violación de la Constitución Política.
Así, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, respetando su ámbito y esfera de competencias, se busca debilitarlo, subordinándolo a los designios de las “ordenes superiores” provenientes sea del titular del Ejecutivo y/o del Legislativo.
Paralelamente se lanzan campañas de desprestigio contra jueces y magistrados, y si estos no poseen la necesaria capacidad profesional y solvencia ética, facilitan la labor de zapa de sus detractores.
El principio jurídico de que nadie está por encima de la ley y de que ella debe aplicarse por igual a todas las personas ha quedado vulnerado con la destitución ilícita de cuatro magistrados, violando además sus derechos humanos, incluyendo el de la defensa y la presunción de inocencia.
El Congreso Nacional ha introducido una nueva y severa crisis que se suma a las que se han ido acumulando de manera peligrosa para la necesaria gobernabilidad, y el paso del tiempo, lejos de reducirlas, las agrava y profundiza.
El aprendizaje democrático, lejos de avanzar, está rápidamente retrocediendo a etapas dictatoriales que se consideraba ya habían sido superadas. Y ese retorno genera ambientes propicios para el caos y la inestabilidad, para la inseguridad e incertidumbre.
