Con creciente preocupación la ciudadanía contempla cómo el necesario balance y equilibrio entre los tres poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, establecido por las distintas constituciones hondureñas, experimenta crecientes enfrentamientos y desequilibrios que están enfrentándolos, poniendo en peligro la estabilidad y la gobernabilidad del país al igual que el normal desempeño de la administración pública.
Todo indica que no se han aprendido las lecciones derivadas de los sucesos del 2009 cuando el Presidente de la República de aquel entonces pretendió imponer su particular visión y ambición, irrespetando lo preceptuado en la Carta Magna, por lo que tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema de Justicia debieron actuar de acuerdo a la legalidad para poner un alto a sus pretensiones, provocando una peligrosa polarización al interior del Estado y entre la población, consecuencias que hoy se están reviviendo como si nada hubiera ocurrido en el reciente ayer.
Cada uno de los tres poderes posee, claramente delimitadas, sus funciones y competencias, y deben regir su actuar de acuerdo a las mismas, sin sobrepasarlas, para así lograr la armonía en su desempeño interno y en relación con los restantes. Intentar extralimitarse origina abusos de poder, fricciones y enfrentamientos de consecuencias imprevisibles para el mantenimiento y fortalecimiento del sistema democrático, sujeto a un perfeccionamiento cotidiano a efecto de apuntalar su estructura.
Solamente si los titulares de los tres poderes enmarcan sus actuaciones dentro de la normativa contemplada en la Constitución es que el sistema de pesos y contrapesos lograra mantenerse intacto, caso contrario desembocaremos en la antesala de un régimen dictatorial, en la que será una persona quien concentrará en sus manos poderes omnímodos sin frenos legales que regulen su desempeño. Eso es lo que ha ocurrido con las tiranías que han asolado a la América Latina desde el siglo XIX y que se han mantenido en el XX y aún en el XXI, provocando, tarde o temprano, estallidos de violencia popular que han derrocado, tras represiones y rebeliones, a esos gobiernos omnímodos y totalitarios, con un costo enorme de vidas y recursos.
Esa opción no es recomendable para ninguna nación que aspira a la convivencia pacífica, al desarrollo equilibrado y a la armonía cívica entre gobernantes y gobernados.
