Uno de los mayores retrocesos del sector forestal ha sido experimentado durante la administración del lic. Porfirio Lobo Sosa, quien había fungido como Gerente General de la mal lograda AFE-Cohdefor. Se observó un estancamiento tal que en ninguno de los consejos de ministros tuvo beligerancia, excepto cuando se suscribió un convenio sin necesidad entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Fuerzas Armadas para que los terrenos propiedad de la institución militar pudieran pasar a ser usufructuados por las milicias, con fines de obtener fondos para la jubilación de los militares. Digo que esta nueva potestad a los militares era innecesaria porque las relaciones entre las dos instituciones históricamente han sido excelentes y con una simple comunicación o solicitud se les hubiera brindado asistencia técnica para hacer los planes de manejo en los referidos predios.
La administración del ICF, durante el recién concluido gobierno, se puede calificar de deficiente y su representante no fue capaz de visibilizar este sector en lo que respecta a su importancia para la generación de empleo, la estabilización de los suelos (el país más vulnerable del mundo ante los fenómenos naturales), regulación del régimen del ciclo hidrológico (con una degradación del agua por contaminación y pérdida por destrucción del bosque), la estabilización de la población rural con los modelos de forestería comunitaria apoyados por la Cooperación Alemana (GIZ), el desarrollo del sistema social forestal, la gobernanza forestal, el control de la tala ilegal, la de producción de bienes y servicios ambientales, el desarrollo de la áreas protegidas, el ecoturismo, entre otras.
Fueron aproximadamente unos diez o doce años de lucha para que se lograra pasar de subsector a sector (Acuerdo 97–2008), y ahora el sector se pretende pasar a un nivel más bajo, lo que en una expresión muy catracha significa pasar “de zapato a caite”. Para elevar de nivel al sector forestal se requirió del esfuerzo mancomunado de los movimientos ambientalistas, comunicadores sociales, religiosos, profesionales forestales, ONG, y, sobre todo, el apoyo de la cooperación internacional como el de la FAO, de Roma; la OIMT, de Japón; la de Alemania (KFW, GIZ), la Unión Europea, The Nature Conservancy, Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), Fondo Mundial para el Ambiente (GEF), Fondo Cooperativo del Carbono del Banco Mundial, PNUD, etc.
Este logro alcanzado había sido motivo de elogios a nivel regional, pero el asunto no era solo crear el sector sino fortalecerlo, lo que no ocurrió; de hecho, se perdió la oportunidad por el desastroso manejo de la transición de AFE-Cohdefor a ICF en tiempos de la nefasta administración Zelaya Rosales, quien ha sido uno de los principales depredadores del bosque olanchano. Para que esa transición fuera exitosa se tenía que despedir a todo el personal y pagarle el pasivo laboral, hacer un diseño institucional con la descripción de funciones/cargo y llamar a concursar para ocupar los mismos; así también cerraba capítulo el sindicato pero, al parecer, apareció el famoso fantasma de la corrupción y se pasó una circular para el que quisiera quedarse se sometiera a una evaluación y si la pasaba sería un funcionario en la nueva institución (ICF) y al pasar la evaluación, obvio se trasladaban los derechos laborales y sindicales, por lo que la institución nació amarrada al sindicato y con una carga del pasivo laboral que la sigue agobiando, y por ahí se duda de la empresa que realizó la evaluación. Se perdió la oportunidad de crear un sector sano y eficiente.
El señor presidente Constitucional, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, debería de hacer una reflexión y una evaluación sobre bajar la categoría del sector forestal, muy estratégico para el desarrollo del país, y apoyarlo más para que se vuelva eficiente.
