Si la actual administración pretende evitar repetir los tradicionales abusos de sus predecesores al desviar tanto recursos humanos como materiales para apoyar al candidato presidencial oficialista y satisfacer las aspiraciones de empleo, así sea temporal, de miles de activistas y militantes que constituyen redes clientelares, debe mantener una actitud de neutralidad, sin ventajismos de ningún tipo, que inclinen la balanza a favor de uno de los aspirantes al poder.
Además de un abuso de poder, continuar con esa práctica es un acto de corrupción, por cuanto se despilfarran fondos públicos, urgentemente necesitados para aliviar la crítica situación socioeconómica que agobia a la población.
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Programa de Asignación Familiar (Praf) deben administrar subsidios y bonos sin tomar en cuenta filiación partidaria de los beneficiarios; la flota vehicular del gobierno no debe ser utilizada ni en días hábiles ni en fines de semana para el traslado de activistas; los medios de comunicación controlados por el gobierno no deben orientar sus contenidos para crear imagen y apuntalar perfiles de personajes no siempre coincidentes con sus meritos intrínsecos.
La situación tanto de las finanzas públicas como de la economía nacional es sumamente crítica y peligrosa, sin precedentes, con niveles de endeudamiento interno y externo dramáticos, con tasas de pobreza y miseria extrema en ascenso, con alzas semanales en los precios del petróleo y sus derivados, pese a la tendencia a la baja en los mercados internacionales, con índices de violencia e inseguridad sin precedentes, con incompetencia oficial en la administración de la crisis estructural.
En medio de ese escenario de colapso, de incertidumbre, de contracción de la inversión nacional y foránea, de paquetazos que periódicamente golpean más y más a los hondureños, no es posible, tampoco aceptable legal y moralmente, que los exiguos recursos públicos sean utilizados para fines completamente distintos a los propósitos originales.
Cada compatriota debe convertirse en auditor social, en vigilante, y denunciar con valentía y civismo cualesquier tipo de excesos y abusos, como medio de proteger los intereses colectivos y el correcto uso del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación.
