Además de la libertad de prensa y de expresión, si los diputados del Congreso Nacional, pese a la abierta violación constitucional, aprueban la “suspensión de todas las exoneraciones y beneficios fiscales”, solicitada por la administración Lobo, provocarán una mayor alza en el precio de productos y servicios y un duro golpe a las inversiones, a la generación de empleo y, en general, a la ya alicaída economía hondureña.
En otras palabras, este nuevo esperpento --que comienza quitando derechos legalmente establecidos para después revisar si se mantienen o no--, en vez de generar más ingresos para el fisco, daña la imagen del país, el bolsillo de los hondureños y las perspectivas económicas.
Productos que hasta ahora han estado libres de impuestos, como los alimentos, las medicinas, los útiles escolares, el combustible para la generación de energía, y muchos otros más, ya no estarán exentos, por lo que los consumidores tendrán que comprarlos más caros.
Los inversionistas internacionales que planificaron la instalación de empresas maquiladoras o turísticas, por ejemplo, confiados en la oportunidad que representaba poder construir instalaciones, introducir maquinaria, equipo e insumos libres de impuestos, ahora se encontrarán con que las reglas del juego han cambiado súbitamente y que, por lo tanto, la rentabilidad y la competitividad de sus proyectos están lejos de lo planificado.
No solo se trata de que muchos inversionistas que ya están en el país pueden desistir de sus propósitos, sino que aquellos que estaban analizando un negocio o que lo harán en el futuro, obviamente, preferirán un país con un mejor ambiente de inversión, y lo podrán encontrar en nuestro propio vecindario.
En conclusión, si los diputados siguen ciegamente la línea oficialista, dictada desde la titularidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, estarían encareciendo más la vida para los ya sufridos hondureños y decapitando la posibilidad de que se genere inversión y empleo, dos necesidades urgentes en este pésimamente gobernado país.
