Los hechos violentos ocurridos ayer en Tegucigalpa son un llamado de alerta a reflexionar sobre el papel que cada uno de los ciudadanos juegan en el proceso de fortalecimiento del Estado de derecho.
En estos momentos el país requiere que tanto sus autoridades, la clase política en el poder, los gremios de maestros y médicos, los líderes estudiantiles y sociales, entre otros actores involucrados en la problemática actual, prioricen el diálogo para buscar puntos de consenso que reduzcan los niveles de conflictividad que se están viviendo en el país.
Porque nadie duda que actualmente se requieren transformaciones profundas en los sistemas de salud y educación, pues la precariedad de ambos sectores se reflejan en las cifras de pobreza y pobreza extrema en que vive más del 62% de la población; en los bajos niveles de escolaridad, los altos índices de repitencia y deserción escolar y analfabetismo, así como en la falta de medicamentos en los hospitales y la tardía entrega de citas, entre otros males que aquejan a ambos sectores.
Pero esos cambios no deben ser impuestos desde el gobierno, los mismos solo se alcanzarán con el consenso de las partes en conflicto, y al que solo se llegará a través de un diálogo abierto y transparente, en el que prevalezca el respeto a las ideas de los demás. La tolerancia es primordial en estos momentos.
Se tiene que aceptar y reconocer que en una sociedad plural no todos piensan igual, por lo que debe prevalecer la sensatez de la clase política en el poder y en la oposición, de los líderes sociales, que deben deponer sus intereses personales y de grupo para hacer prevalecer el interés de la colectividad.
Honduras requiere de todos sus hijos, sin distingo de colores e ideologías, raza o clase social, para hacer frente a los problemas que la aquejan.
Nunca deben olvidar que Honduras es de todos.
