2018 ha sido un año marcado por las protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Se ha vuelto costumbre que cada semana grupos de estudiantes (encapuchados) salgan del campus universitario de Tegucigalpa, bloqueen las calles de acceso y se enfrenten con los agentes policiales que llegan para “restablecer” el orden vial. Piedras son lanzadas de un lado, gases lacrimógenos del otro. Las causas de las protestas son muchas, aunque han llegado momentos en los que ya ni sabe el por qué los estudiantes están allí, alzando su voz. Y Las consecuencias también son muchas. El impacto para la academía es, sin duda, fuerte; el malestar de los ciudadanos afectados por los cortes viales y los residentes en las colonias cercanas también crece día con día, y las pérdidas económicas para los negocios formales e informales de la zona, son incuantificables. Los estudiantes, utilizando la bandera de la autonomía universitaria, se refugían en los predios de la UNAH para desde allí lanzar sus ataques a las autoridades, sabiendo que éstas en respeto a su Autonomía evitarán ingresar a esos predios (aunque en más de una ocasión ya lo han hecho). La UNAH conquistó la autonomía el 15 de octubre de 1957; autonomía que le permite desarrollar una educación basada en el pluralismo ideológico, libertad plena de cátedra, estudio, investigación y de vinculación de la universidad con la sociedad; así como la gestión y administración de sus propios recursos; la elección sin injerencias políticas de sus propias autoridades, emitir las normas reglamentarias y la formulación de las políticas en relación con el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes, entre otras atribuciones. Esos son los pilares básicos de la autonomía, y esos pilares deben respetarse a píe juntillas. La autonomía respalda el derecho de los estudiantes a la protesta, pero no da carta blanca para que afecten los intereses de terceros. Por eso, las autoridades deben hacer respetar las leyes universitarias y nacionales, atender las demandas de sus estudiantes y asegurar a la nación la educación de calidad que demanda para sus jóvenes. La autonomía no debe ser usada para anarquizar la educación superior en el país.