Las autoridades centrales junto con los diversos sectores deben evaluar las acciones ejecutadas para ver por qué a nivel económico, político, social, de seguridad y de transparencia no hay un impacto alentador.
Desde hace años, Honduras no pasa de un crecimiento económico de 3%; en materia de seguridad desde el 2017 la reducción de los homicidios se estancó en una tasa de 42 casos por cada cien mil habitantes y en el 2019 -con tantas masacres registradas- la tendencia fue hacia el alza.
En lo político, por qué el Legislativo evidencia una resistencia a la aprobación de ciertas reformas electorales para tener proceso de elección de autoridades más democráticos
y transparentes.
En lo social, hay preocupación porque el costo de vida se incrementa, la gente ya no aguanta muchas calamidades, por otro lado miles de jóvenes no encuentran un empleo.
Que 177 personas, sobre todo niños, hayan muerto en el 2019 por causa del dengue hemorrágico y que 82,438 alumnos hayan abandonado sus estudios -en nueve meses del año pasado- no habla bien de las políticas en el área de la salud y de educación.
No se ven los avances con una estrategia para reducir la pobreza que no ilumina el camino para disminuir este problema, el cual más bien tiende a agudizarse.
En lo referente al trabajo contra la corrupción, la continuidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la entrada en vigencia en mayo próximo de un nuevo Código Penal, denominado “código de la impunidad”, reflejará el interés del Estado de fortalecer su política de transparencia.
Este 2020 será un año muy agitado.
