Las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional no lograron en su sesión del miércoles pasado los consensos para nombrar a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se mantienen negociando este fin de semana las cuotas a las que creen tener derecho.
Los diputados tienen en sus manos la nómina de 45 candidatos entregados por la Junta Nominadora para escoger a los nuevos inquilinos del Poder Judicial, y de ella ya han identificado a los candidatos afines a cada grupo político con representación en el Congreso Nacional. En lo que no han alcanzado consensos, y que mantiene entrampada hasta hoy la elección, es en el número de representantes que tendrán cada uno.
Y es precisamente ese reparto de cuotas, tal cual ha sucedido históricamente en procesos pasados en el país, lo que preocupa a la ciudadanía y a los observadores nacionales e internacionales que siguieron de cerca -y valoraron positivamente- el trabajo de selección realizado por la Junta Nominadora, y les hace ver con recelo el reparto de la Corte Suprema cual pastel de chocolate o de vainilla de la repostería más cara de la ciudad.
La aspiración que sigue teniendo la sociedad es que el Congreso Nacional integre una Corte Suprema con hombres y mujeres que gocen de total independencia frente al poder político; que prive en ellos la aplicación correcta de la Constitución y las leyes, la defensa de los derechos ciudadanos frente al abuso del poder; protectores del Estado de derecho y de los derechos humanos.
Y sí se puede lograr, pues tal como lo plantea hoy en su columna semanal Libertaria la abogada Luz Ernestina Mejía: “Recuperar la credibilidad de la impartición de justicia es fácil. Es de escoger, aun con la distribución partidaria que pretenden, a coherentes con los ideales patrios”.
