Cuando el covid-19 llegó a Honduras hace un año nos encontró sin haber adoptado adecuadas medidas sanitarias de carácter preventivo que amortiguaran el efecto devastador causado, agravado por un sistema hospitalario estatal colapsado, desabastecido de medicamentos básicos. Así, el número de fallecidos, infectados, convalecientes, alcanza cifras alarmantes, acompañado del dengue.
Simultáneamente, sufrimos una severa contracción económica, cierre temporal o definitivo de pequeñas y medianas empresas, suspensión o cancelación de puestos de trabajo provocando mayores tasas de desempleo abierto, subempleo visible, pobreza generalizada, mendicidad, precariedad, desigualdad extrema, violencia e inseguridad, migraciones masivas al exterior, mayor deterioro ambiental, elevada deserción escolar.
Como si este conjunto de calamidades no fuera suficiente padecimiento, los niveles de corrupción e impunidad han alcanzado cuotas aún mas elevadas que las usuales: la nación ha sido estafada en cantidades millonarias al adquirir materiales y equipos defectuosos, suministrados por un extranjero inescrupuloso asociados con altos funcionarios locales.
Por su parte, burócratas de alto rango y legisladores, indiferentes a la postración en que sobreviven la mayoría de sus compatriotas, inmerecidamente se autorrecetan sus de por sí muy elevados sueldos, amén de canonjías paralelas, provocando justificado rechazo e indignación colectiva.
Entretanto, los políticos repiten promesas demagógicas a sabiendas de su imposible cumplimiento, abusando de la inteligencia ciudadana.
El tiro de gracia sucedió en noviembre con huracanes, inundaciones, destrucción masiva de viviendas, miles de refugiados. Este es el sombrío panorama actual y para remontarlo se requiere de un total esfuerzo combinado de las fuerzas vivas y el sector público.
