Honduras confirmó hace exactamente un año los dos primeros casos de covid-19 en el territorio nacional y lejos estábamos entonces de visualizar las consecuencias que la pandemia traería al país. Un año después, esas consecuencias son devastadoras.
Oficialmente, las autoridades sanitarias reportan que 174,508 personas han sido contagiadas con la enfermedad y que 4,297 murieron por su causa. Pero también la pandemia arrasó con la economía. El PIB cayó en un 10%, “la peor caída en 100 años”, dicen los economistas; centenares de pequeñas, medianas y grandes empresas cerraron operaciones y más de medio millón de hondureños y hondureñas perdieron sus empleos y sus fuentes de trabajo, elevando los índices de pobreza por arriba del 70% del total de la población.
La pandemia nos ha dejado también a por lo menos un millón de niños, niñas y jóvenes fuera del sistema educativo, un sistema de salud colapsado, un sistema agrícola devastado, el sector construcción totalmente deprimido e índices de corrupción alarmantes frente a un sistema de impartición de justicia inanimado, que no ha actuado en contra de quienes de la manera más vil dilapidaron los escasos fondos públicos destinados a la atención de la pandemia.
El manejo de la pandemia por parte de la actual administración pública sigue dando mucho de qué hablar. Se tuvo acceso a 2,500 dosis de vacunas porque fueron regaladas por el gobierno israelí y hasta esta semana, obligados por las circunstancias, lograron la firma de un contrato de compra con la empresa rusa fabricante de la Sputnik V, mientras se está a la espera de que lleguen las que donarán las Naciones Unidas a través del mecanismo Covax.
La vacunación es un proceso que llevará meses y lejos está el fin de la pandemia, lo que llama a sumar esfuerzos para definir un plan de recuperación nacional, plan que debe contar con el apoyo de todas las fuerzas, sin distingos de colores políticos, de la empresa privada y sus trabajadores. La situación es compleja y debe enfrentarse con responsabilidad.