Una de sus principales promesas de campaña fue la deportación masiva de los millones de latinoamericanos que se encuentran en su país de manera irregular. De llevarla a la práctica, aun parcialmente, significaría un agravamiento del desempleo, al retornar miles de personas a sus lugares de origen sin existir suficientes puestos de trabajo para absorberlos. Otra es la de gravar con un impuesto las remesas enviadas por los inmigrantes, lo que causaría una reducción de los montos, ya que implica un doble pago si incluimos el costo de la intermediación financiera.
Si revisa los tratados de libre comercio, se reduciría el volumen de intercambio de bienes y servicios entre EE UU y nuestras repúblicas.
Al obligar a las empresas a retornar a su país, para evitar la fuga de capitales y poder exigirles tributos, obligaría a su cierre y a la disminución de la inversión extranjera directa.
El enfoque que la nueva administración aplique al crimen organizado y narcotráfico en América Latina también repercutirá en las estructuras y redes delincuenciales locales, con un incremento o reducción en el número de solicitados en extradición.
El énfasis puesto por su predecesor en la Casa Blanca respecto al respeto y vigencia de los DD HH y la rendición de cuentas y transparencia de estos gobiernos, deberían seguir vigentes, caso contrario gobiernos autoritarios continuarán practicando su inobservancia. Es oportuno que, en su momento, el hoy presidente electo Trump se reúna con sus colegas del hemisferio occidental para hallar puntos de convergencia y consensos amplios que tiendan al fortalecimiento de los vinculos entre el norte y el sur de América. La recíproca conveniencia así lo requiere. De esa manera se superarán estereotipos y malentendidos que militan en contra de la cooperación y buena vecindad
